Con decreto, Armenta abre la puerta a nuevas concesiones de transporte público

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, hizo adecuaciones a la Ley de Transporte del Estado de Puebla, donde estipula multas por huir de accidentes o circular con placas falsas.

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla | Agencia Es Imagen
Puebla /

El gobernador Alejandro Armenta Mier, publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado para ajustar el Reglamento de la Ley de Transporte de Puebla, que incluye la apertura al otorgamiento de concesiones del transporte público, que no se hace desde 2018, además de nuevas sanciones para transportistas irregulares.

Tras la conclusión de la revista vehicular, con la que se redujo de 37 mil a 24 mil el número de concesiones a transporte público y mercantil en la entidad, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) reconoció la importancia de ampliar las unidades prestadoras del servicio en las zonas donde los estudios técnicos 'específicos o integrales' hechos por la dependencia así lo arrojen.

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Señaló que la emisión de concesiones deberá realizarse bajo procesos que no dependan de una licitación pública, ya que incluye etapas como junta de aclaraciones, presentación, apertura de propuestas y fallo, que son útiles para la contratación pública pero resultan ajenos a la naturaleza jurídica de la concesión como acto administrativo.

"Es imperativo reformar estos preceptos para sustituirlos por un procedimiento claro y adecuado, que elimine el enfoque de adquisiciones y se centre en la verificación de la capacidad técnica, jurídica y operativa necesaria para garantizar el derecho a la movilidad", indicó.

Por lo tanto, la SMT dará paso a las figuras de 'declaratorias de necesidad pública' y 'convocatorias de interés público' para otorgar nuevas concesiones, aunque también podrá asignarlas por adjudicación directa en casos como emergencias naturales o convocatorias desiertas, pero sin promover monopolios.

"Ante la necesidad de nuevos servicios [...] la presente reforma adopta un modelo de convocatoria objetiva que permita seleccionar la propuesta que ofrezca las mejores condiciones técnicas, financieras y de operación, garantizando así la protección del interés público y el beneficio de las personas usuarias", precisó.

De ese modo la SMT dará paso a la recepción y registro de solicitudes, la revisión documental, la evaluación técnica 'mediante criterios objetivos y verificables', la emisión del dictamen técnico y cuadro de puntajes, y la determinación final mediante el Acuerdo de Otorgamiento de Concesión.

Cabe señalar que la dependencia también creó el concepto de 'propuesta no solicitada' para 'incentivar la modernización del sector', que permitirá que cualquier persona interesada presente proyectos para la prestación del servicio, siempre y cuando exista 'una estricta verificación de viabilidad y pertinencia técnica' y, si es procedente, dará paso a una convocatoria de interés público para que otras empresas participen.

Hay multas nuevas

Además de los lineamientos para la emisión de concesiones del transporte público, el decreto del gobernador Alejandro Armenta hizo adecuaciones al artículo 416 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, que estipula multas por cometer irregularidades.

Por ejemplo, que un chófer de transporte público no lleve licencia de conducir, esté vencida, no le pertenezca o sea para un tipo de vehículo diferente al que lleva, será motivo de multa de seis mil 452 a siete mil 625 pesos.

Además, circular con placas del servicio público de transporte o del servicio mercantil de transporte falsas, que no correspondan al vehículo, no vigentes o no actualizadas, de 52 mil 789 a 58 mil 655 pesos.

Por darse a la fuga del lugar de un siniestro de tránsito en el cual se vea involucrado, de 11 mil 144 a 13 mil 490 pesos.

Por no permitir la inspección de los establecimientos, instalaciones o vehículos y la revisión de la documentación relativa a la prestación de servicios de transporte y auxiliares, de cinco mil 278 a 11 mil 144 pesos.

Por suspender o interrumpir la prestación de cualquiera de los servicios de transporte sin justificación, de cuatro mil 692 a 11 mil 144 pesos; además, por prestar el servicio público de transporte en forma diferente a la autorizada en la concesión, de 11 mil 371 a 18 mil 769 pesos.

​BTO

  • Carlos Morales
  • Reportero de Gobierno y temas ambientales

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