Las descargas irregulares de aguas residuales y lixiviados son el eje central de la denuncia popular presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.
El documento, dirigido a la titular de la dependencia, Mariana Boy Tamborrell, señala directamente a "personas físicas o morales" que realizan aprovechamientos, ocupaciones, infiltraciones o descargas en contravención a sus títulos, asignaciones, permisos o condiciones particulares, así como a quienes utilizan aguas nacionales sin contar con la autorización correspondiente.
Las autoridades hacen un llamado urgente a investigar el deterioro ambiental
La denuncia, que también va contra "quien o quienes resulten responsables" por actos u omisiones que estén provocando contaminación, hace un llamado urgente a la autoridad federal para que se investigue el deterioro ambiental en la microcuenca Grande, Milpillas-Huaxtla.
Se especifica que estas descargas irregulares están afectando gravemente los ríos Grande y Milpillas, las Cascadas de Huaxtla, sus manantiales, arroyos, suelos y aguas subterráneas.
El texto legal subraya que la denuncia se dirige específicamente contra aquellos titulares que omitan medir, tratar, analizar o reportar adecuadamente sus descargas, una omisión que, según el documento, es un factor clave en la continuidad del deterioro ambiental de la zona.
La problemática por las descargas irregulares en esta zona de Zapopan no es nueva.
Desde hace más de dos décadas, los habitantes de al menos ocho comunidades del norte del municipio, como Milpillas, Huaxtla, San Lorenzo y Mesa de San Juan, han denunciado que los lixiviados generados por los rellenos sanitarios Picachos y de la empresa Hasar's llegan al río Milpillas y, posteriormente, a la cascada de Huaxtla.
Los residentes señalan que el impacto de estas descargas ha transformado el entorno: lo que antes era un atractivo natural con aguas claras, hoy presenta signos evidentes de contaminación.
La denuncia presentada por Álvarez Máynez se fundamenta en los artículos 1o., 4o., 8o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y normativas como la NOM-001-SEMARNAT-2021.
Con base en este marco legal, se exige a la Profepa que determine el origen de las descargas, el alcance de la afectación y las medidas necesarias para contener y reparar el daño.
Esta acción se suma a otras emprendidas por legisladores locales y federales.
El deterioro de esta microcuenca no es un problema aislado, ya que sus aguas terminan en el río Santiago, una de las cuencas más contaminadas del país.
Con esta nueva denuncia, se busca que la Profepa actúe con contundencia contra las descargas irregulares que, por años, han afectado a esta región de Jalisco.
CH