El visitar a una persona que se encuentra recluida en el Estado de México le cuesta a María entre 5 mil y 6 mil pesos por ocasión.
Su caso es particular, ya que su marido fue trasladado del penal de Almoloya de Juárez al de Texcoco sin razón aparente, lo que ha terminado por minar su economía y el tiempo de convivencia son su pareja.
María, madre y comerciante del Valle de Toluca, comparte su testimonio
María es el nombre utilizado para la testimonio que prefirió reservar su identidad para esta entrevista. Ella es residente de un municipio del Valle de Toluca y de oficio comerciante, además de madre de familia.
Explicó que su pareja, quien se llamará Horacio por motivos de seguridad, su sentenciado a 51 años de prisión por delitos contra la salud, portación de arma y cartuchos, entre otros.
Si bien ya lleva compurgada más de una década de su sentencia, lo cierto es que él fue trasladado junto con otros internos del penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, al de Texcoco, es decir, de un extremo del estado al otro.
“Fue de madrugada, sin que llegara alguna orden, sin ninguna notificación, a él lo trasladaron al penal de Texcoco, sin avisar absolutamente nada. Empezamos a buscar en qué penal había quedado, ya hasta que tuvimos comunicación y bueno, él se comunicó con nosotros porque lo dejaron un mes incomunicado para que no pudiera apelar, para que él no pudiera hacer su proceso”.
Ellos son conscientes de que es complicado el hecho de disminuir la condena que enfrenta su pareja, sin embargo, consideran como un abuso el hecho de que lo hayan trasladado y se les complique estar cerca de él.
Una visita les cuesta de 5 mil a 6 mil pesos
Hay testimonios que refieren que los familiares de internos tienen que entregar dinero a los custodios de las cárceles para poder acceder diversos productos, sin embargo, la cuenta se eleva cuando se tiene a un familiar que está a más de 90 kilómetros de distancia.
María tiene que llevar suficiente dinero para transportarse, repartir a custodios y además dejarle un poco de efectivo que le permita “sobrevivir”.
“Para ingresarlo a ver nos cobran mil 500, para poder ‘estar un rato con él’ otros mil 500, son 3 mil y el transporte de aquí hacia allá vamos transbordando, tomando pasajes para poder llegar a él, que es llegar a otra central y de la central transbordar otro camión y del camión tomar otra combi ahí en Texcoco. Mínimo me gasto 5 mil pesos y le dejo 500 pesos para que él pueda sobrevivir ahí adentro”.
Explicó que el dinero que le da en efectivo sirve para la celda en la duermen, dulces que venden al interior o para evitar golpizas.
“Ahí adentro los torturan, por ejemplo, los castigan, los pasan a módulo y los torturan, los ponen de cabeza, les golpean sus partes, no les dan de comer bien, no les dejan entrar… entramos comida, pero cuando a ellos bajan los esculcan, no nos dejan meterle un poco de comida para que ellos tengan, ahí no les dan de comer bien”.
En términos generales, lamentó este modo de vida que han tenido que adoptar a partir de este cambio que consideran arbitrario.
“Uno de ellos es mi esposo, pero ya estamos cansados, que nos den al menos alguna esperanza, creo que se merecen tener una segunda oportunidad”.
Traslado de reos, estrategia de despresurización fallida
El traslado masivo de reos de distintos penales ha sido una estrategia común entre autoridades estatales y federales justificada en el hacinamiento de las cárceles y el autogobierno. Uno de los principales argumentos es que logran combatir grupos al interior y mantener el control.
A decir de Antonio Lara Duque, abogado defensor en derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, este tipo de movimientos masivos terminaron por vulnerar el derecho de diversas personas.
“Habría que resaltar que lo que hizo en su momento la Secretaría de Seguridad del Estado de México fue desde su punto de vista despresurizar los penales, entonces, según la Secretaría de Seguridad, la forma fue generar convenios con autoridades federales, particularmente la Secretaría de Seguridad Federal para llevarse a internos que ellos consideraron de máxima peligrosidad o de alto perfil criminológico y llevárselos a penales en el país, que se supone que tienen menos población y en consecuencia había lugar.
El asunto es que lo que hicieron fue romper el derecho que tiene toda persona privada de la libertad a estar en el lugar más cercano a sus familiares. Entonces tenemos casos en el Estado de México de personas que fueron trasladados a Nayarit, a Chiapas, que evidentemente hace prácticamente imposible la visita familiar por una cuestión estrictamente de orden económico”.
Activistas han observado este fenómeno e insistido en que es necesario regresarlos, especialmente porque se advierte que hubo discriminación y violaciones a sus derechos en los procesos.
“Si bien la lucha de los familiares de los injustamente presos tiene como fondo la justicia y la libertad para quienes no cometieron delitos, también es cierto que las condiciones penitenciarias, entiéndase que haya comida, agua y cercanía con los familiares también es una preocupación de estas personas que como se puede advertir son esencialmente de estratos sociales muy vulnerados, muy vulnerables y lo único que tienen para hacer valer su voz”.
kr