El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste reconoció que hubo un “uso indebido de credenciales” con el que se presume hubo acceso a información de datos sensibles de las víctimas.
Durante su comparecencia en el Congreso de Guanajuato el fiscal respondió a los cuestionamientos del diputad local Carlos Abraham Ramos Sotomayor quien cuestionó el porqué el ente que el fiscal encabeza puso en riesgo a 300 mil carpetas de investigación, 300 mil expedientes de mujeres víctimas de violencia siendo el segundo ataque que ha tenido la Fiscalía en menos de un año.
Ante esto el Fiscal negó que se tratara de un hackeo, pero sí señaló que hay una investigación en curso por el supuesto uso indebido de credenciales:
“En el caso concreto, tras la precisada intervención y análisis informático por parte del área técnica aludida, se tiene identificado un uso indebido de credenciales ilegítimas con nombre y apellido”, dijo.
Fuera de la comparecencia, el Fiscal reconoció que esto es grave y se comprometió a darle seguimiento.
“Es grave y tenemos un deber de cuidarlo, lo estamos haciendo, estamos acudiendo a dictámenes periciales de la mayor sofisticación técnica y tecnológica que podamos tener, no podemos cerrar ese asunto porque si es sensible, eso tenemos que reconocerlo”, señaló.
Adelantó que no va a ser suficiente un solo dictamen pericial sobre el tema y cuestionado sobre el destino de los archivos vulnerados el fiscal señaló desconocerlos.
“Lo que sabemos (es que) … a través de esas credenciales se tuvo acceso a esa información”, reiteró sin dar más detalles pues reiteró que la investigación está en curso.
Al ser cuestionado sobre errores y omisiones de la fiscalía, Vázquez Alatriste lo reconoció y declaró que un caso que ocurra no está bien, por lo que asumió la responsabilidad:
“Yo soy el fiscal y asumo toda la responsabilidad, del pasado, del presente y lo que tenga que venir”, dijo.
Milenio dio a conocer desde el pasado 17 de febrero esta supuesta vulneración de la plataforma señalada que desarrollada para el seguimiento de registros del Banco Nacional de Víctimas y es administrada por el Centro de Justicia para las Mujeres. Esta herramienta permite el acceso controlado a usuarios de instituciones externas y actualmente cuenta con la participación de 56 instituciones y 4 mil 453 usuarios debidamente registrados.