Este viernes 24 de julio, integrantes del colectivo de afectados por el fraude inmobiliario de Punto Legal, acompañados por la Cruz Roja Ambiental y su equipo jurídico, se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) en León. La movilización, que partió desde la Central de Abastos, busca presionar a la autoridad para que transparente la ruta del dinero y acelere los procesos penales pendientes.
A pesar de que recientemente se dictó una sentencia histórica de más de mil años de prisión en contra de Edgar Francisco Ríos, la defensa técnica de las víctimas advirtió que la cifra es meramente simbólica y que no garantiza la devolución de su patrimonio.
El abogado Baccelli Lira, representante legal del grupo de afectados, aclaró que el marco normativo en el país impide que el sentenciado pase más de cuatro décadas tras las rejas, lo que deja a los defraudados en una situación de total indefensión financiera.
“Efectivamente, son más de mil años... sin embargo, he de precisar una aclaración: con respecto a los años de cárcel, en México no están establecidos más de 40 años. La conmutación de esos mil años se reduce a 40”, puntualizó Lira.
El litigante enfatizó que la pena temporal no resuelve el problema de fondo: el paradero de los recursos robados a cientos de familias guanajuatenses.
“En 40 años, el señor Edgar Francisco Ríos todo ese dinero va a estar exento de pagarlo si es que ya no está en un paraíso fiscal. Pero como no lo sabemos, porque Fiscalía no nos ha dado la ruta del dinero, precisamente lo que se busca es que nos digan: ‘Aquí está el dinero’”, aseveró Baccelli Lira.
Señaló directamente a la Fiscalía por mantener una actitud de inactividad respecto a los activos incautados y la posible complicidad de terceras personas que continúan libres.
“Fiscalía no les ha provisto de información al frente del dinero. Entonces, se gesta una incógnita bastante antojable para lo que es la inactividad de Fiscalía. ¿Por qué? Porque se está durmiendo en sus laureles”, mencionó Lira durante la manifestación.
Asimismo, el representante legal denunció que miembros de la familia del imputado continúan operando o gozando de recursos sin ser procesados.
“Ellos permanecen afuera, siguen viviendo en opulencia, siguen teniendo una protección particular. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero? Con un sueldo que tiene la familia es imposible que realmente se tenga una vida como la que llevan”.