Cinco altos funcionarios del Gobierno de Jalisco deberán comparecer públicamente ante el Congreso del Estado para responder por la actuación de las autoridades durante la manifestación del pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde policías utilizaron chorros de agua y gases contra ciudadanos que exigían agua limpia.
La comparecencia fue aprobada durante la sesión del viernes, en medio de un intercambio de acusaciones entre diputados de distintas bancadas por la crisis hídrica y el financiamiento del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.
Entre los funcionarios llamados a rendir cuentas se encuentran el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora; el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; y el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández González.
También deberán comparecer el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, y el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López.
La intención es que expliquen públicamente, ante ciudadanos y medios de comunicación, lo ocurrido durante el operativo del 11 de octubre, luego de las denuncias por el uso de la fuerza contra manifestantes.
El acuerdo se dio en una sesión marcada por la confrontación política.
Desde tribuna, la diputada de Morena Martha Arizmendi atribuyó a la presidenta Claudia Sheinbaum el anuncio de recursos federales para las obras del agua y acusó a Movimiento Ciudadano de intentar endeudar al estado y privatizar el servicio.
En respuesta, Mónica Magaña, de Movimiento Ciudadano, defendió las gestiones del gobernador Pablo Lemus ante la Federación y acusó a Morena de intentar obtener beneficios políticos de la emergencia.
La discusión también alcanzó el anuncio de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos de la Federación para obras hídricas en Jalisco, recursos que todavía deberán quedar establecidos en el presupuesto federal.
Al final, entre disputas por los recursos federales y señalamientos por la crisis del agua, el Congreso aprobó llamar a comparecer a cinco funcionarios por la actuación policial contra manifestantes, mientras el financiamiento sigue sin garantizarse y las familias jaliscienses continúan esperando soluciones.
MC