M+.- Una gasolinera donde no aceptan pagos con tarjeta de débito o crédito puede esconder algo más que una política de cobro. Para Rafael Salvador Espinosa Ramírez, jefe del Departamento de Métodos Cuantitativos, de la Universidad de Guadalajara, que una estación de servicio —particularmente una pequeña o independiente— rechace los pagos con instrumentos bancarios y opere únicamente con efectivo es una señal que debería levantar sospechas sobre el origen del combustible que comercializa.
No significa, por sí sola, que venda huachicol. Pero en un país donde el robo de combustible no deja de crecer, el efectivo puede convertirse en una pieza para seguir la ruta de un negocio que comienza en un ducto de Pemex y termina en una bomba despachadora.
Una cadena que empieza en el ducto
El llamado huachicol clásico consiste en la extracción ilegal de gasolina o diésel directamente de los ductos de Pemex para posteriormente introducirlos en un mercado paralelo.
Para que el combustible pueda ser extraído y posteriormente distribuido se requiere una estructura que incluye desde la perforación de los ductos hasta su almacenamiento, traslado y comercialización.
“Existen grupos criminales que se dedican a ordeñar los ductos de Pemex y saben por dónde pasan. Para extraer el combustible se abre el ducto y se hace un orificio. Después, mediante un sistema de bombeo, el combustible es succionado y enviado a contenedores de gran capacidad, donde se almacena temporalmente antes de incorporarlo a las redes de venta”, señaló el especialista en economía internacional e inversión extranjera.
La operación, agregó, no termina con el almacenamiento. Posteriormente, el combustible puede ser colocado entre consumidores finales, empresas o incluso gasolineras, donde se mezcla con el combustible adquirido legalmente.
El traslado constituye otra parte de la operación. El combustible puede salir de los puntos de almacenamiento en pipas que utilizan denominaciones distintas a las relacionadas directamente con el transporte de hidrocarburos.
Y es ahí donde, según Espinosa Ramírez, el comportamiento de algunas estaciones de servicio puede convertirse en un indicador.
“Se han detectado gasolineras que después de las nueve o diez de la noche ya no venden con tarjeta de débito o crédito y exigen que el pago sea en efectivo. Es precisamente durante la noche cuando grandes cantidades de flotillas de camiones u otras empresas compran huachicol, porque el combustible sale de los contenedores y se mueve en pipas”, puntualizó.
Toda esta operación requiere necesariamente algún grado de protección o tolerancia de autoridades, sostuvo.
“Una operación de este tamaño necesariamente requiere algún tipo de protección o tolerancia de alguna autoridad. De otra manera, las pipas serían detenidas en las carreteras. El combustible llega a gasolineras o a centros de acopio, generalmente de menor escala, donde se almacena para después comenzar su distribución”.
La señal de alerta en las gasolineras
Para el especialista, el precio puede ser una primera señal, pero existe otro comportamiento que considera particularmente relevante: que una estación de servicio no permita pagar con tarjeta.
Uno de los principales incentivos para la existencia del mercado ilegal es el precio. El combustible robado puede comercializarse por debajo de los costos del producto legal, lo que genera una demanda entre consumidores que buscan ahorrar.
“Alguien puede pensar que lo ideal sería comprar gasolina legalmente, pero si se la venden más barata, mucha gente con carencias económicas termina diciendo: ‘Prefiero comprar el huachicol’”, explicó.
Las diferencias de precios entre estaciones pueden ser un elemento que genere sospechas, aunque por sí mismas no constituyen una prueba de que una gasolinera venda combustible robado.
Pero para Espinosa Ramírez hay otro indicador que merece mayor atención: el rechazo a los pagos electrónicos. Al profundizar sobre esta característica, apuntó particularmente a establecimientos que no pertenecen a grandes redes o franquicias.
“Hay muchas gasolineras que ya tienen cierta reputación y, además, una reputación de ser caras. Pero existen otras, pequeñas o independientes, donde si no se puede pagar con tarjeta resulta altamente sospechoso que vendan huachicol. Esto no quiere decir que no tengan contrato con Pemex; pueden tenerlo y, además, comercializar combustible robado”, señaló.
La precisión es importante: pagar en efectivo no significa que una gasolinera venda huachicol. La señal que plantea el especialista aparece cuando esta práctica se combina con otras circunstancias que pueden resultar sospechosas, como el tipo de establecimiento, sus operaciones y la manera en que adquiere y comercializa el combustible.
El dinero, el punto débil del negocio
Desde su perspectiva, la vigilancia de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) no debe ser el enfoque principal del combate de este delito. La razón es sencilla: mientras una toma clandestina es cerrada, los grupos dedicados al robo pueden abrir otra en un punto distinto.
Por eso, sostiene que la estrategia debe concentrarse también en seguir la ruta financiera del combustible.
Frente al incremento de las tomas clandestinas, Espinosa Ramírez consideró que la solución no está únicamente en incrementar la vigilancia de los ductos, sino en dificultar la comercialización del combustible robado.
“El mercado ilegal tendría que entrar al área legal. Si logramos que todas las operaciones queden registradas, el negocio pierde atractivo y, por lo tanto, disminuye la actividad”, planteó.
Una de las medidas que propuso consiste en limitar los pagos en efectivo y obligar a que las operaciones relacionadas con la compra de combustible queden registradas mediante instrumentos financieros.
Según su planteamiento, esta medida permitiría comparar el combustible adquirido legalmente por una estación con el que posteriormente reporta como vendido.
“Si una gasolinera compra legalmente determinada cantidad de combustible, tendría que poder comprobar cuánto compró y cuánto vendió. Si las operaciones quedan registradas financieramente, se puede comparar lo que entra con lo que sale y detectar diferencias”, explicó.
El objetivo, desde esta perspectiva, no sería únicamente vigilar el ducto, sino cerrar las puertas del mercado que permite que el combustible robado se convierta en ganancias.
Cerrar un hoyo y abrir otro
El especialista consideró que la vigilancia permanente de los ductos es una estrategia difícil de sostener y que puede generar un ciclo en el que las organizaciones simplemente cambien de ubicación.
“El problema de concentrarse solamente en los ductos es que cierran uno aquí y abren otro allá. Cierran un hoyo que estaban ordeñando y perforan otro en un lugar distinto. Por eso necesariamente hay que entrar por la vía económica”, sostuvo.
En ese sentido, insistió en que los pagos en efectivo pueden dificultar el seguimiento de las operaciones.
“Si no se permiten pagos en efectivo, se desincentiva la compra de combustible de huachicol y, por lo tanto, el negocio comienza a caerse. Pero es una medida compleja, porque implica modificar la manera en que se realizan muchas operaciones”, reconoció.
El fenómeno puede trasladarse de un punto a otro mientras exista demanda y rentabilidad. La clave, por ello, no estaría solamente en descubrir dónde está el siguiente agujero en un ducto, sino en impedir que exista un mercado dispuesto a comprar lo que sale de él.
Un negocio de hasta 40 mil millones de pesos
La dimensión económica del robo de combustibles también explica por qué se mantiene como una actividad atractiva para grupos criminales.
El especialista estimó que el llamado huachicol clásico genera alrededor de 36 mil a 40 mil millones de pesos anuales en el país, mientras que el fenómeno relacionado con la introducción ilegal de combustibles puede alcanzar cifras mucho mayores.
El académico añadió que la propia naturaleza de la demanda de combustible dificulta la desaparición del mercado ilegal.
“Mientras la gasolina sea un buen negocio, seguirá existiendo. Y es un buen negocio porque la gente necesita gasolina; es un producto que necesariamente tiene demanda”, señaló.
El combustible, además, puede encontrar compradores en distintos niveles: desde consumidores que buscan pagar menos hasta empresas y establecimientos que pueden incorporarlo a circuitos de comercialización aparentemente legales.
Por eso, el problema no puede medirse únicamente por el número de tomas clandestinas.
Jalisco, epicentro de una ruta ilegal
Jalisco se mantiene como uno de los focos rojos por el robo de combustible en México. El estado no solamente ocupa el segundo lugar a nivel nacional por incidencia de este delito, sino que la cifra se ha ido incrementando.
De acuerdo con información del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), en el primer trimestre de 2026 se identificaron a nivel nacional 2 mil 563 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y/o hidrocarburos, con base en registros indicados por Pemex.
La cifra representó un incremento de 4.87 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. En el caso de las tomas clandestinas en ductos de gas LP, el aumento nacional fue de 6.79 por ciento.
Jalisco se ubicó en el segundo lugar nacional por tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos. El informe de Igavim contabilizó 453 casos durante el primer trimestre de 2025 y 578 en el mismo periodo de 2026, lo que representa un incremento de 27.59 por ciento.
En promedio, durante los primeros tres meses del año se identificó una toma clandestina en el estado cada tres horas con 47 minutos.
El huachicol llega hasta la bomba
Una de las razones que explican la presencia del delito en Jalisco es la extensa red de ductos que atraviesa la entidad, particularmente en municipios que se encuentran alejados de los centros de control y vigilancia.
“Jalisco está lleno de redes de ductos de Pemex. Por ejemplo, en el municipio de Degollado pasa el ducto Salamanca-Guadalajara. Ahí es donde pueden extraer la gasolina, absorberla y ordeñarla. Por eso los municipios alejados de los centros de control, como Degollado, se convierten en puntos vulnerables”, explicó Espinosa Ramírez.
La dimensión del fenómeno cambia cuando se observa el comportamiento a escala municipal.
Degollado ocupa el primer lugar estatal con 167 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos durante el primer trimestre de 2026, seguido por Tala, con 91; Tlajomulco de Zúñiga, con 75; Tototlán, con 62; El Arenal, con 53; Zapotlanejo, con 42; Atotonilco el Alto, con 33; Zapopan, con 32; Tonalá, con nueve; Ayotlán, con ocho, y Lagos de Moreno, con seis.
El especialista señaló que la ubicación de los ductos, la cercanía con distintas ciudades y las limitaciones de vigilancia en algunas zonas convierten a determinados municipios en puntos atractivos para las organizaciones dedicadas a la extracción y comercialización ilegal de combustibles.
“Los municipios donde hay mayor ordeña de combustible están cerca de la frontera con Guanajuato, por razones obvias: ahí pasan ductos de Pemex. Esa ubicación facilita la extracción y también la movilidad del combustible”, dijo.
Degollado, además, tiene una posición geográfica que favorece la distribución del combustible hacia distintos mercados.
“Ahí se favorece un mercado muy particular. Estos pueblos lejanos, como Degollado, tienen una capacidad de control y vigilancia mínima. Además, es un negocio muy rentable porque esta zona de Jalisco está cerca de grandes ciudades y mercados: Guadalajara, Aguascalientes y León”, explicó.
Tendencia a la alza
Los datos de Igavim muestran que el problema mantiene una tendencia ascendente en Jalisco. El incremento de 27.59 por ciento en las tomas clandestinas durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior coloca nuevamente a la entidad entre las zonas con mayor incidencia.
A escala nacional, las 578 tomas registradas en Jalisco solo fueron superadas por las 731 identificadas en Hidalgo durante el mismo periodo.
Mientras tanto, municipios como Degollado concentran una parte importante de los registros y se convierten en puntos estratégicos por su ubicación, su cercanía con Guanajuato y la conexión con mercados de mayor tamaño.
Pero la cadena no termina ahí. Del ducto pasa al contenedor; del contenedor, a la pipa; de la pipa, al centro de almacenamiento y de ahí al consumidor, a una empresa o incluso a una estación de servicio.
Para el especialista, el desafío consiste precisamente en romper esa cadena.
“El combate no puede quedarse en cerrar tomas clandestinas. Hay que impedir que el combustible robado encuentre compradores, puntos de almacenamiento y mecanismos para convertir las ganancias ilícitas en dinero aparentemente legítimo”, concluyó.
Porque mientras exista alguien dispuesto a comprar gasolina más barata y mientras el dinero pueda circular sin dejar rastro, cerrar un ducto puede ser apenas el principio.
El siguiente agujero puede estar a unos kilómetros de distancia. Y el verdadero negocio, en cambio, puede terminar en una gasolinera donde nadie pregunta de dónde vino el combustible y donde el único medio de pago aceptado es efectivo.
MC