La organización Greenpeace México informó que presentó una denuncia por responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que se investiguen posibles actos, omisiones y ocultamiento de información relacionados con el manejo del derrame ocurrido en el Golfo de México a principios de febrero y sus posibles impactos ambientales, sociales y de salud en comunidades costeras a lo largo del litoral.
Además, el pasado 4 de mayo, la organización presentó una denuncia popular ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) en la que pide que las autoridades investiguen e identifiquen a las personas responsables de la contaminación, garanticen la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados, aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas.
Las organizaciones civiles y habitantes de la región documentaron la presencia de chapopote en más de mil 100 kilómetros de costas, desde Tabasco hasta Tamaulipas. recordaron que desde el 1 de marzo se tuvo registro del inicio de la llegada de contaminación por hidrocarburos en la línea costera entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco.
De acuerdo con monitoreos y análisis satelitales difundidos por organizaciones civiles, el hidrocarburo se extendió al resto de la costa del estado de Veracruz y Tamaulipas en las semanas siguientes, ocasionando daños a ecosistemas costeros y marinos clave como manglares y el Corredor Arrecifal del Golfo de México.
Greenpeace indicó que las denuncias también toman en cuenta que Pemex admitió públicamente en una conferencia de prensa el 16 de abril que servidores públicos de la empresa petrolera ocultaron información sobre el derrame mientras poblaciones enteras sufrían los impactos de las arribazones de hidrocarburos a las costas.
“Entre los hechos reconocidos por la empresa se encuentran la pérdida de integridad mecánica y reparación de un oleoducto no reportados, el ocultamiento de información sobre agua oleosa recuperada y la demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse el derrame a principios de febrero”.
La denuncia administrativa presentada ante Pemex solicita que se investiguen posibles responsabilidades del entonces director general de Petróleos Mexicanos,Víctor Rodríguez Padilla, así como de otras personas servidoras públicas que pudieran haber participado en actos u omisiones relacionados con el manejo de la emergencia ambiental y el flujo de información hacia los altos mandos de la empresa.
El escrito presentado por Greenpeace México también solicita que Pemex, la ASEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y demás autoridades competentes entreguen toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril de 2026.
Asimismo, la organización pidió que se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes, se impongan las sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en caso de acreditarse las conductas denunciadas y se dicten medidas para garantizar la no repetición, la reparación integral del daño ambiental y la transparencia en la atención del caso.
“Las comunidades costeras tienen derecho a saber qué ocurrió, cuáles son los riesgos y qué medidas se implementarán para garantizar su seguridad y la restauración ambiental".
La opacidad y la demora en la respuesta institucional agrava los impactos ambientales y sociales de este tipo de emergencias”, señaló Greenpeace México.
Acusan falta de alertas oportunas
En la acción legal presentada ante la ASEA, la organización también expresó su preocupación por información obtenida de testimonios recabados en comunidades afectadas que apunta a falta de alertas oportunas, escasa información sobre riesgos de exposición a los hidrocarburos, deficiencias en la entrega de equipos de protección personal y ausencia de claridad sobre el manejo final de los residuos contaminantes.
Greenpeace México además alertó sobre posibles desigualdades en la atención institucional, ya que distintas organizaciones y comunidades han denunciado que las labores de limpieza se concentraron principalmente en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras comunidades rurales e indígenas habrían recibido respuestas tardías o insuficientes.
“La protección ambiental y la atención a emergencias no puede depender de la visibilidad turística o económica de una región. Todas las comunidades tienen derecho a una respuesta efectiva, transparente y con enfoque de justicia ambiental”.
La denuncia presentada ante la ASEA también solicita que se implementen mecanismos efectivos de alerta temprana para la población en casos de derrames de hidrocarburos, así como protocolos claros de prevención, información pública y protección a la salud.
“El Golfo de México es una región de enorme riqueza ecológica y sustento para miles de personas. La restauración ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para evitar que este tipo de hechos se repitan”.
IYC