La Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Guanajuato destinará poco más de 279 mil pesos del Fondo Estatal de Atención a Víctimas para cubrir los gastos funerarios de las 10 personas jornaleras originarias de Comonfort que murieron en un accidente vial registrado la madrugada del jueves 27 de noviembre en Irapuato.
De acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, cada familia puede recibir hasta 27 mil 900 pesos por persona fallecida, monto que representa el tope máximo autorizado.
Este apoyo tiene como finalidad garantizar que los deudos cuenten con recursos inmediatos para solventar los servicios funerarios y enfrentar la emergencia con dignidad.
Además del apoyo económico, la Comisión asignará un asesor jurídico para acompañar y representar a las familias durante el proceso legal.
Actualmente, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el origen del accidente, en el que los familiares señalan como probable responsable al operador del tráiler involucrado, quien presuntamente realizó una maniobra imprudente que provocó la colisión.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas precisó también que, de ser necesario, se cubrirán los gastos médicos y procedimientos quirúrgicos derivados de la atención del único sobreviviente del choque, como parte de las medidas de apoyo contempladas en la ley.
¿Cómo ocurrió el accidente?
El hecho ocurrió alrededor de las 6:45 de la mañana del jueves, cuando una camioneta que transportaba a trabajadores agrícolas rumbo a Romita se impactó contra un tráiler en la autopista León–Salamanca. De acuerdo con testimonios de familiares y sobrevivientes, el operador del tráiler habría intentado realizar una vuelta prohibida, lo que provocó la colisión.
En la camioneta viajaban jornaleros de las comunidades Pocitos de Corrales y Corrales, en Comonfort, quienes habían salido desde las 4:30 de la mañana para llegar a su jornada laboral en el corte de cebolla. Nueve personas murieron en el lugar y una más perdió la vida mientras recibía atención médica. Las familias exigen justicia y la localización del conductor que se dio a la fuga.