En el marco del foro académico "No era penal: Más allá de los muros. Derechos humanos y sistema penitenciario en México", Israel Vallarta participó con un llamado a reflexionar sobre la forma en que la sociedad juzga a las personas privadas de la libertad y la necesidad de fortalecer el respeto a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. Durante su intervención, pidió dejar de lado los prejuicios y entender que, detrás de cada persona recluida, existe una historia y una condición humana que no debe ser ignorada.
Israel Vallarta Cisneros fue detenido en diciembre de 2005 y señalado por las entonces autoridades federales como presunto líder de la banda de secuestradores conocida como "Los Zodiaco". Su caso cobró notoriedad nacional debido al montaje televisivo realizado durante su captura, encabezado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Permaneció cerca de dos décadas en prisión preventiva sin recibir sentencia, convirtiéndose en uno de los casos más representativos del debate sobre la prisión preventiva prolongada y el debido proceso en México.
Durante su ponencia, Vallarta aseguró que la sociedad ha sido influenciada para emitir juicios sin conocer el contexto de quienes enfrentan un proceso penal. Señaló que, aunque existen personas responsables de delitos graves, nadie debe asumir el papel de juez fuera de los tribunales.
"Sería bueno que por un momento nos pusiéramos en los zapatos de quienes hoy permanecen en prisión preventiva", expresó, al insistir en que toda persona merece un trato digno mientras enfrenta la justicia.
Asimismo, destacó que la ética no depende de una profesión o de un grado académico, sino de los valores que cada persona practica en su vida cotidiana. Consideró que el cambio social comienza desde el ejemplo en la familia y en la comunidad, por lo que invitó a los asistentes a asumir un compromiso personal para construir una sociedad con mayor conciencia y respeto hacia los demás.
Israel Vallarta también compartió parte de la experiencia que vivió durante casi 20 años en distintos centros penitenciarios, entre ellos el penal federal del Altiplano. Relató que convivió con personas acusadas de diversos delitos y afirmó que, más allá de los señalamientos en su contra, encontró seres humanos con emociones, familias, enfermedades, pérdidas y esperanzas. Subrayó que la privación de la libertad no elimina la condición humana ni la dignidad de quienes permanecen recluidos.
En el mismo foro, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, afirmó que la justicia no concluye con la imposición de una sentencia, sino que debe incluir oportunidades reales para la reinserción social.
Explicó que las personas privadas de la libertad tienen derecho a acceder a educación, trabajo, capacitación, atención médica y al fortalecimiento de sus vínculos familiares, elementos fundamentales para favorecer su desarrollo integral.
Finalmente, la ombudsperson poblana sostuvo que los centros penitenciarios deben consolidarse como espacios donde prevalezca el respeto a los derechos humanos y se generen condiciones para la transformación de las personas.
AAC