Aunque los Centros de Justicia para las Mujeres fueron creados como espacios seguros para víctimas de violencia de género, en Jalisco muchas enfrentan revictimización desde el primer momento en que cruzan las puertas de estos lugares.
Largas horas de espera para recibir atención, preguntas estigmatizantes y falta de perspectiva de género son prácticas constantes en las cinco sedes de la red estatal: Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Colotlán y Puerto Vallarta.
Fátima López, abogada feminista e integrante de la Red de Abogadas Violeta, advierte que el primer punto de revictimización que enfrentan las mujeres —y que sigue sin ser visible— son las seis a diez horas que esperan para ser atendidas.
“Ese tiempo, las mujeres permanecen afuera de los centros, muchas veces sin acceso a acompañamiento, aun cuando la Ley General de Víctimas permite que acudan con una persona de su confianza”.
MILENIO solicitó al Centro de Justicia para las Mujeres su postura respecto a los señalamientos desde el 30 de julio, para conocer su logística y proceso, pero no obtuvo respuesta.
Ser víctima puede generar miedo o situarse en una condición de vulnerabilidad, por lo que no debe estar sola, señala la activista. Ahí, dice, empieza la revictimización.
Una vez dentro, la práctica continúa: “Les preguntan cosas innecesarias, como si su esposo sabía que salía tan tarde, si le avisó a sus hijos que iba a salir. Como si fuéramos chiquitas que no sabemos dónde andamos ni por qué estamos ahí”.
Las consecuencias, señala la también académica, son graves: muchas mujeres se retiran antes de ser atendidas, otras pierden el interés en continuar con la denuncia o no regresan nunca más.
“Tenía el caso de una chica que me decía: ‘sí denuncié, pero cuando me preguntaron si podía sacar los últimos recibos de nómina de mi marido, dije que no podía, se molestaron y me dijeron que no regresara hasta que los tuviera’. ¿Cómo iba a hacer eso si es albañil y no firma nada?”, relata.
Este tipo de obstáculos provocan que muchas mujeres permanezcan en contextos de violencia y que otras compartan su experiencia negativa, lo que desincentiva aún más el acceso a la justicia.
“Pasan la voz de que no te atienden, que tardan mucho, que te tratan mal y con desdén. No solo alejan a quien ya llegó, sino también a quienes podrían acudir. Tengo casos de mujeres que me dijeron que se habían retirado hace dos, tres años porque no las habían atendido y que tenían miedo de volver a preguntar por la denuncia por cómo las habían tratado”, explica.
Del dicho al hecho...
Para la abogada, la falta de perspectiva de género en el trato y los procesos dentro de estos espacios es evidente. Aunque en el discurso institucional se presume su incorporación, la realidad es que no se refleja en la práctica.
“Lastimosamente, si bien lo ponemos en las leyes y lo ponemos en los protocolos para que puedan actuar conforme a la perspectiva de género, la otra cosa es que lo sepan hacer; además, hay hartazgo: atienden a más de mil personas al día. Se genera un ‘callo emocional’ y las tratan de la peor manera”.
Aunque existen protocolos específicos para evitar la revictimización, en muchos casos no se aplican.
López recomienda a las mujeres que han sido víctimas dentro de los centros presentar quejas formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que el órgano emita una recomendación: “Hay que exigir que se cumplan los protocolos que ya existen y que se publiquen de forma accesible. Se habla mucho de que están capacitando y sacando libros, pero si eso no toca tierra, no sirve de nada”.
Advierte que es urgente transformar estos espacios. Primero, dijo, que sean más grandes para que haya más personal capacitado y que no trabajen en turnos dobles o triples.
Y segundo, que las y los servidores públicos entiendan que están tratando con mujeres en un estado sumamente delicado: “Eso debería bastar para cambiar la forma en que las atienden”.
Trabas en el proceso
La situación no es ajena a la CEDHJ. La quinta visitadora general del organismo, Mariana Márquez, reconoce que las quejas por revictimización en estos centros son frecuentes, y una de las prácticas más comunes es el cuestionamiento reiterado de los hechos narrados por las víctimas.
“El decirle, cuestionarle a veces la narrativa de hechos y decirle: ‘¿estás segura que pasó así? A ver, señora, pero concéntrese en el hecho’, eso es revictimizar. Estamos hablando de delitos con una carga emocional fuerte; muchas veces el personal del Ministerio Público no está preparado para atender a una mujer en alta vulnerabilidad”, señala.
Esta es una situación por la que atravesó Andrea Elizabeth. En noviembre de 2023 fue violada por su ex pareja, quien también intentó asfixiarla.
Cuando acudió al Centro de Justicia para la Mujer a interponer una denuncia, se topó con un sistema revictimizante: el abogado de oficio y la agente del Ministerio Público que le asignaron la culparon a ella de la violación y justificaron al agresor.
Ambos servidores públicos lograron que desistiera del proceso legal; sin embargo, tras recibir amenazas por parte del sujeto, decidió continuar con la denuncia.
El 19 de mayo, el agresor fue vinculado a proceso por violación y violencia intrafamiliar, y se le dictó prisión preventiva de tres meses.
No obstante, el 15 de julio se anuló la vinculación y el señalado recuperó su libertad, bajo el argumento de que la jueza no fue clara y faltaban pruebas, aunque se acreditó la agresión y la validez de mensajes del atacante en los que reconoce el hecho.
Recursos insuficientes
Las condiciones laborales del personal también inciden en la calidad de la atención, señala Márquez, quien advierte sobre la sobrecarga de trabajo: un solo agente puede tener hasta 50 carpetas.
Uno de los problemas más graves detectados por la CEDHJ es que el impulso del proceso muchas veces recae en la víctima.
El Ministerio Público pide a la denunciante que vaya a notificar sus órdenes de protección, lo que la expone a más riesgo.
También, para renovar una medida de protección, la víctima debe volver al Centro de Justicia, repetir su historia y someterse a otro dictamen.
Asimismo, se han documentado casos en los que la víctima debe encargarse de diligencias propias del proceso penal, como entregar oficios o coordinar dictámenes forenses.
En 2023, la CEDHJ emitió la recomendación 17/2023, que integró once casos de mujeres que enfrentaron violencia —desde amenazas hasta feminicidio— y que fueron obstaculizadas al intentar denunciar.
La recomendación visibiliza cómo la violencia escala cuando no es atendida a tiempo: “La violencia es cíclica y va en escala. Si hoy una mujer va a denunciar amenazas y el Ministerio Público no lo toma con la celeridad debida, lleva a cabo investigaciones y busca emitir las medidas de protección necesarias, estamos corriendo el riesgo de que el día de mañana no vaya a ser únicamente violencia intrafamiliar, sino un feminicidio o una tentativa de feminicidio”, advierte.
La recomendación fue dirigida principalmente a la Fiscalía del Estado, pero también incluyó a las Comisarías de Guadalajara y Zapopan. Aunque aún está en cumplimiento, se han identificado avances en capacitaciones constantes y permanentes.
“Parte de la recomendación o parte de la propuesta de conciliación fue tomar un curso en nuevas masculinidades, tomar un curso en perspectiva de género, etcétera. Claro que ponemos a disposición los cursos que ya tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero también existen otras instituciones que lo puedan impartir”.
Propuestas
En la Fiscalía del Estado los cursos son constantes y permanentes, asegura. Una de las propuestas más relevantes de la CEDHJ es la creación de un sistema estatal que centralice los datos de todas las instituciones que atienden casos de violencia, como el DIF, comisarías, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y los Centros de Justicia para las Mujeres.
“Muchas mujeres pasan por diferentes instituciones antes de llegar a la Fiscalía, y no es hasta que la violencia escala que acuden a denunciar. Ahí ya pasaron años de maltrato”, explicó Márquez.
Un sistema de información centralizado permitiría tener una visión clara del historial de violencia y otorgar medidas de protección de forma más ágil.
Las cifras son alarmantes. De acuerdo con la funcionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo 10 por ciento de las mujeres que sufren violencia llega a denunciar.
De ese porcentaje, apenas una mínima fracción obtiene justicia.
“Que se llegue a la justicia; un uno por ciento posiblemente, si es que nos va bien, ¿no? Entonces, creo que es una cifra sumamente importante que como sociedad y como servidores públicos nos tiene que hacer reflexionar en qué estamos haciendo para que efectivamente este 10 por ciento de mujeres que acuden a denunciar sepan que, desde el primer momento que acudes a una institución a solicitar la protección, pueda recibir ese tipo de protección y que no se cuestione si eso no es delito”.
Insiste en que la capacitación del personal debe ir acompañada de mejores condiciones laborales y herramientas tecnológicas.
“No puedes pedirle a un Ministerio Público que dé acompañamiento adecuado si está saturado. Necesitamos sistemas inteligentes que automaticen ciertos procesos y dejen a los funcionarios tiempo para lo más importante: escuchar a la víctima”, concluye.
OV