El hoy legislador petista, aliado de Morena, José Luis Sánchez González acumula un historial de presuntos delitos que va del despojo y el fraude, incluso en agravio de su propio partido por la apropiación de prerrogativas económicas, a registros de expulsiones partidarias, órdenes de aprehensión y un método de movilización social basado en el condicionamiento de viviendas, de acuerdo con archivos judiciales de Nayarit y Jalisco que documentan cómo su carrera política ha coexistido durante décadas con procesos legales y controversias internas.
La biografía oficial difundida por el Partido del Trabajo lo presenta como el “Arquitecto de Esperanzas”, pero documentos del Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit describen un perfil distinto al señalar la existencia de al menos 16 expedientes penales abiertos a su nombre por delitos que van de lesiones, daño en propiedad ajena, despojo y fraude, hasta el expediente 136/88 radicado en Tepic, donde se le acusa de aborto en grado de tentativa, considerado el señalamiento de mayor gravedad dentro del conjunto de registros judiciales.
Su incursión en la política nacional comenzó en la década de los 80’ como militante del Partido Socialista Mexicano, fuerza que lo llevó al Senado en 1987, pero de la que fue expulsado un año después tras ser acusado de apropiarse de las prerrogativas económicas del partido y de utilizar un vehículo oficial para fines personales, episodio que marcó el inicio de una serie de rupturas internas y señalamientos que acompañaron su trayectoria pública.
En 1993, ya como diputado local en Tepic bajo las siglas del FRAP, enfrentó un proceso de desafuero por despojo y la existencia de una orden de detención por fraude, además de ser señalado como persona non grata en Nayarit, situación que derivó en su traslado político a Jalisco, donde retomó actividades de organización social y electoral.
MC