DOMINGA.– A simple vista todo funciona con exactitud en el Metro de la Ciudad de México y sus 3.7 millones de pasajeros diarios. Pero en sus tripas conviven relaciones de poder entre autoridades, trabajadores, sindicatos, policías, pasajeros, comercios, vendedores ambulantes, vagoneros y vagoneras. Éstas últimas las más vulnerables de toda la cadena: madres solteras en su mayoría que han aprendido a ser invisibles para trabajar en este transporte público.
En México somos expertos en crear verbos y oficios, así nacieron los diableros, microbuseros, franeleros. Y desde luego, los vagoneros que ejercen el comercio dentro del vagón del Metro mientras va en movimiento, entre estaciones y con pies de plomo.
Como si entraran al Juego del calamar, la serie coreana que pone a competir con crueldad a personas vulnerables, endeudadas y ambiciosas, las vagoneras del Metro han desarrollado un instinto especial para sobrevivir al “juego de la víbora anaranjada”. Aprendieron a esconderse de las cámaras de video, de los ojos de policías y vigilantes que quieren atraparlas. Avanzan y van ganando unas monedas para mantener a sus hijos, procurando evitar el peor de los castigos: caer en manos del DIF y que les quiten a sus hijos por presunta explotación infantil.
Dulce no vende nada: es cuentacuentos. La detuvieron cuando iba con su hija de tres años. Las llevaron al módulo del DIF en Pino Suárez, donde retienen a los hijos mientras a sus padres los envían al juzgado cívico. Su pequeña se asustó mucho, quiso ir al baño pero el módulo no tiene sanitarios, así que la tuvieron que llevar arriba, al del mercado; permitieron que la madre las acompañara, esposada. La niña vio con horror a su mamá caminar rodeada de policías.
Por su parte, a Edith le quitaron a sus cuatro niños por la venganza personal de una policía. El 30 de abril de 2025 la detuvieron con sus hijos de uno, seis y ocho años y los llevaron a ese mismo módulo. La madre se negó a dejarlos si no le daban un papel en el que constara que recibían a los niños, así que llevaron a todos a la fiscalía especializada en infancias, y con argucias el DIF le quitó a sus hijos.
“Me he perdido la etapa más importante de mi bebé, lleva casi un año sin verme y ya no me dice mamá, me dice Edith”, relata esta mamá.
Ambas madres se levantan de madrugada para ganarle tiempo al tiempo y cumplir con su triple jornada: de cuidados, de trabajo doméstico y de manutención. Después de la escuela se llevan consigo a los niños al trabajo porque no hay familia, no hay redes de apoyo. “Mis hijos corren más riesgos en casa”, refiere Edith. El tren pasa a dos metros de su humilde vivienda de paracaidistas en Río San Joaquín.
La cifra de vagoneros detenidos es desconocida por tratarse de una actividad prohibida, pero Ana Paola Bolaños, abogada de Práctica Laboratorio para la Democracia, la asociación que acompaña a Dulce y Edith en su defensa, estima que han llegado a ser hasta 8 mil personas, de las cuales 2 mil 500 son mujeres, madres solteras en su mayoría. En la ciudad hay 70 juzgados cívicos adónde las llevan: pagas tu multa o te llevan al centro de arrestos, “El Torito”.
Bienvenidos a los juegos de la víbora anaranjada
Dulce tiene siete minutos y tres estaciones para ganar la atención de las pasajeras, contar su cuento y solicitar un apoyo para su sustento. Prefiere trabajar en el vagón exclusivo de mujeres que en el mixto. Pero en ambos casos, antes que nada, tiene que mirar a los pies: unas botas negras perfectamente boleadas delatan a los policías, a los vigilantes encubiertos o de descanso que pueden levantarse y anotarse una detención en su historial para caerle bien a sus jefes.
Esta mañana de enero Dulce elige trabajar en la línea Amarilla. Los vagones van a la mitad de su capacidad. Una vez que el tren arranca, comienza su actuación: “¡A ver, a ver! ¡Buenos días!”, dice y alza los brazos animando a las pasajeras. Pero nadie le responde. “¡Buenas noches!”, las provoca y el silencio se siente hostil. “¡Muy buenos días!”, insiste, midiendo el ánimo del vagón.
Sus cuentos mezclan cultura popular y recuerdos de infancia, les habla de las abuelas de antes que enseñaban a los niños a responder un saludo, bajo la amenaza de la chancla voladora. Al llegar a la siguiente estación, Dulce se calla y se sienta para confundirse entre las pasajeras. Se coloca en un punto ciego de las cámaras. Al cerrarse las puertas y entrar al túnel, continúa:
“Discúlpame la pausa comercial, no me gusta que me inviten a las pijamadas del Torito, hay que ir por ‘el duende’ a la escuela. Si no, se lo llevan al DIF, que está más feo”. Lo dice de broma pero es verdad, ha sido detenida y llevada al juez cívico unas 30 veces en 10 años que lleva trabajando en el Metro.
“A veces las cosas no salen bien pero sigues de pie, luchando, insistiendo. Entonces usuaria: apláudete, felicítate porque estás haciendo un extraordinario trabajo al no rendirte. Porque en la vida existen problemas, dificultades y tú sigues adelante…”. Dulce da palabras de ánimo para entusiasmar a otras mujeres.
Proveniente de Chimalhuacán, Estado de México, y de una familia de payasitos con quienes rompió lazos, Dulce empieza a trabajar en Pantitlán una vez que deja a su niña en el kínder. A su otro hijo de nueve años lo tuvo que ingresar a un internado para garantizarle su cuidado, pues hace unos meses le detectaron TDA.
Ella sola paga renta, pasajes, comida, luz, médico, uniformes, las comidas en las escuelas de sus hijos. Y arma sus cuentos, cita al señor William Shakespeare, a Chaplin, a Lewis Carroll. Cuenta fábulas como la del burro del campesino que cayó a un hoyo y sus dueños comenzaron a echarle tierra para taparlo, pero éste se sacudía y poco a poco fue subiendo hasta la superficie. “Así tú, amiga: sacúdete la mala suerte”.
Viene una nueva parada y avisa a su audiencia: “Discúlpenme la pausa comercial, así son las reglas del juego. Estos son los Juegos del hambre en el Metro. La verdad es que sí les tengo miedo: Si ven que sube un policía, ya no nos conocemos”, pide a las usuarias en tono de broma. “Les gusta jugar a las escondidas y el juego se acaba cuando el polí me encuentra”. Las vagoneras saben los horarios de los policías, el cambio de turno, la hora de los alimentos, en dónde están las palancas de emergencia y los jefes de estación.
En la última parada pide a las pasajeras un apoyo para continuar trayendo un poco de cuento y fábulas y llevar sustento a casa. Camina rápido por el vagón, con una mano se agarra del pasamanos y con otra recibe un peso, dos o cinco. Las personas aún son solidarias. En 2013, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el Metro instauró la campaña “No les compres y desaparecen”, queriendo responsabilizar a los pasajeros. Pero la empatía y la solidaridad de los chilangos no desaparecieron, saben que la vida es difícil y trabajar no es un delito.
Las tres infracciones que la ley aplica contra las vagoneras
Dulce baja en Oceanía y se coloca rápidamente debajo del muro de unas escaleras, otro punto ciego para las cámaras. “En esta escalera se paraba un tipo y volteaba a verle los calzones a las mujeres. Mira ponte aquí y ve”. En efecto, desde ese ángulo, las mujeres que suben por esa escalera y llevan falda corta no se percatan que desde abajo les pueden ver las piernas y los chones sin su permiso.
Varias trabajadoras del Metro se unieron, incluidas las vagoneras, y fueron a pedirle al policía que lo detuvieran. La respuesta fue que no podía hacer nada, el tipo no cometía ninguna infracción con sólo ver. El voyerista se fue porque ellas empezaron a exhibirlo, pero seguramente sólo cambió de línea, dice Dulce.
“Las vagoneras son parte del Metro y tienen una presencia virtuosa”, explica la abogada Ana Paola Bolaños, de Práctica Laboratorio para la Democracia. “Hacen que la convivencia sea más sana: si una mujer es acosada, las vagoneras son las primeras en reaccionar; si hay niños que se pierden, no quieren irse con los policías, confían más en estas señoras”. Podrían trabajar “de forma más organizada y menos criminalizada, si las autoridades al menos quisieran probar cómo es trabajar con vagoneras organizadas”.
“La Ley de Cultura Cívica tiene tres infracciones que les aplican a las vagoneras: primero, cambiar el uso del espacio público sin autorización, el argumento es que el Metro es para transportarse, no para vender; segundo, impedir el libre tránsito, como si ellas dijeran ‘prohibido pasar por este vagón hasta que me compres’; y una más, aprobada en agosto pasado para los franeleros pero que les aplican a ellas, aprovechar el espacio público para obtener un beneficio”, explica Bolaños.
Sin embargo, los pasillos y transbordos están llenos de puestitos e islas que venden chips, cargadores, peluches, dulces, comida chatarra, pero como pagan un ingreso al Metro, las autoridades les otorgan el permiso, aunque obstruyan el paso, el libre tránsito y cambien el uso del espacio público. “Estos reglamentos sólo se aplican a los más pobres y en especial a las mujeres madres pobres que trabajan para mantener a sus hijos”, dice Bolaños, una joven abogada que tuvo su primer trabajo en Derechos Humanos y descubrió su sentido de vida defendiendo a personas aplastadas por la maquinaria del Estado.
Operativo Colibrí, el peor castigo del juego
El 7 de febrero de 2025 Dulce no estaba trabajando, una afección en la garganta le impedía hablar, pero entró a la estación Oceanía con su hija y otra compañera vagonera. Fueron interceptadas en el andén por un policía que ya la conocía de otras detenciones. Llamó a una trabajadora del DIF y las llevaron al módulo de Pino Suárez, un cubículo en penumbra, con sillitas y mesas infantiles, paredes de vidrio, en donde se lee “Campaña contra el trabajo infantil”.
“Se resistió mucho a dejar a su hija porque el personal del DIF no le otorgó ningún papel o registro de que ella estaba entregando a su hija a las autoridades, se lo tomaron a mal y la esposaron”, recuerda la abogada. La llevaron por la fuerza al juzgado cívico de Iztacalco y “le dijo al juez que no iba a declarar nada hasta que llegara su abogada. Y con esa frase la liberaron”, revive. Ni siquiera le hicieron boleta de remisión, no hubo infracción, multa o arresto.
Dulce ya había pasado por el DIF. Ahí detectaron que su hijo tenía TDA y la apoyaron para ingresarlo a un internado público, mientras que su nena fue inscrita a una escuela de tiempo completo. Le advirtieron: “Si vuelven a detenerte con tus hijos, ya no los verás”. Pero el dinero no alcanza y ella debe trabajar mañana y tarde. Si lleva a sus hijos, explica, es porque dejarlos solos o con un vecino es aún más riesgoso.
En el módulo, sólo aceptaron devolver a la niña al padre, ausente e irresponsable, sin que se le impusiera ninguna sanción.
Desde enero de 2022 varios particulares han solicitado al DIF de la Ciudad de México conocer cómo funciona el Operativo Colibrí, cuántos menores han sido atendidos y están en reintegración familiar, qué apoyos les dan, qué personal hace las detenciones y cuántos casos de explotación infantil se han configurado. La respuesta es que no cuentan con esa información y los dirigen a otras dependencias de la ciudad, como la Procuraduría de Protección de las Niñas Niños y Adolescentes, el Metro o la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, quienes responden que no tienen esa información y no están obligados a tenerla.
Regalo del Día del Niño
El año pasado Edith quería llevar a sus hijos a celebrar el Día del Niño al bosque de Chapultepec, pero como no tenía dinero se fue a trabajar al Metro con sus hijos de dos, seis y ocho años. En la estación San Joaquín, las puertas del vagón se abrieron y dos mujeres entraron por ella y sus hijos.
“Vengo de parte de Colibrí, te voy a detener porque traes a tus pequeños”, le dijo una señorita que no se identificó. Edith supo después que se llamaba Brenda, vestía una camisa blanca con Micky Mouse, pantalón negro y un radio. La otra mujer se presentó como Fabiola, del DIF. “Yo voy a llevar tu caso”, dijo.
Edith es madre soltera y el Metro ha sido su sustento desde la infancia. Sus padres también fueron vagoneros, aprendió a caminar entre los vagones, a hacer la tarea en los andenes y a esconderse de la policía. Tres veces ha caído en “El Torito”, cinco ante el juez cívico y muchísimas veces ha sido detenida: la sacaban del Metro con sus hijos y luego se volvían a meter. Pero ese día fue diferente.
“Si no perjudiqué a tu hermana, te voy a perjudicar a ti”, le dijo Brenda a Edith. Su hermana África, también vagonera, la había denunciado previamente ante Derechos Humanos por detención arbitraria y ésta fue la ocasión para vengarse. Todos fueron al módulo de Pino Suárez, en donde le exigieron a esta mamá dejar a sus hijos sin acreditar la recepción de los menores. Edith se negó a separarse de su bebé porque padecía convulsiones. Pidieron la presencia del padre para entregar a los niños, pero éste no los llevó a registrar y no llevan su apellido. Como última opción señalaron a los abuelos maternos, pero ellos vivían en un pueblo más allá de Toluca.
“Como no quieres cooperar, avanzamos al Ministerio Público”, decidió Brenda. Edith y sus hijos fueron llevados a la Fiscalía Central especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, donde no encontraron motivos para detenerla y el albergue se negó a recibir a los niños. “Vas a ver como sí los reciben”, dijo esta policía y entró a la Fiscalía a mover hilos.
Dado que Edith sólo quería un papel que le diera tranquilidad, el Ministerio Público levantó un acta especial en la que consignó que no había delito, los niños no estaban trabajando y se daba asistencia social al no haber quien los recibiera. Los niños ingresaron al albergue y Edith, llevada al juzgado cívico a regularizar su situación. Nunca existió una carpeta de investigación, sin embargo a Edith le dieron el trato de criminal. En el albergue su bebé convulsionó y resultó que no contaban con personal médico, así que lo llevaron al hospital. Luego se negaron a devolverle a sus hijos porque el DIF inició el acogimiento temporal y los entregó a la abuela.
Edith buscó a las Leonas en Manada, una asociación civil que conformaron las vagoneras después de la pandemia para apoyarse, y Ana Paula llegó en su auxilio. Presentaron infinidad de escritos en la Fiscalía, pero la agencia del Ministerio Público de su caso desapareció y el trámite se alargó.
Práctica Laboratorio para la Democracia busca que los casos de Edith y Dulce sienten precedentes, visibilicen las violencias que enfrentan estas mujeres y se dicten medidas de no repetición, que se traduzcan en políticas públicas y pongan fin a su criminalización. La falta de información impide saber a qué corporación pertenece Brenda y cuántos casos similares existen.
Un espacio seguro para las madres solteras
Literal y físicamente, el Metro es un espacio seguro y protector para estas madres autónomas. Dulce recuerda que, de joven, siendo payasita, un microbús la tiró y la arrastró y no quiere esto para sus hijos. En el Metro tiene la seguridad de que siempre va a pasar y va a poder subirse, sus hijos pueden ir sentados y no estar a la intemperie, con el miedo de que los atropellen o se los roben.
Para Edith, el Metro es su única opción porque no tiene estudios ni quien la ayude. “En la calle vienen los carros y tendríamos que caminar mucho, y en el Metro [mis hijos] al menos se cubren del sol y del frío. Podemos trabajar desde las cinco de la mañana y hasta en la noche, y es lo que necesitamos”.
Tanto los hijos de Dulce como los de Edith presentan resentimiento y enojo hacia la policía y las instituciones, además de un profundo miedo a ser separados, señala Karina Baltazares, quien realizó el dictamen psicológico de ambas madres y sus hijos. “La maternidad es un eje central para Dulce porque ella no se sintió querida, cuidada ni segura con su propia madre, y hoy busca ejercer una maternidad distinta. Hace todo lo que está a su alcance para proveer a sus hijos y también se esfuerza en el vínculo afectivo, pese al agotamiento que implica criarlos sola”.
“Edith prácticamente era una niña adolescente cuando tuvo a su primer hijo y [viene] de esas condiciones de violencia estructural que orillan a las adolescentes a tener hijos. Sus pequeños tienen mucho miedo de que el DIF se los lleve porque, expresan, los van a poner en adopción ‘como si fueran perritos’”.
“Y es una negligencia que ni el DIF ni el Metro asuman responsabilidades, es inconcebible que no haya un protocolo de recepción y entrega de los menores que retienen. Es algo de mucho riesgo y que deberían revisar porque ni siquiera hay una base institucional que lo sostenga”, denuncia la especialista.
En diciembre cerraron el acta especial de Edith y el 9 de febrero el DIF hizo la reintegración. Ya puede estar con sus hijos. Por su parte, Dulce presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por violaciones a sus derechos, detención arbitraria y daños psicológicos.
GSC