A pesar de los llamados reiterados del gobernador Pablo Lemus Navarro desde enero de 2026, los ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara mantienen atorado el convenio de coordinación para retirar máquinas tragamonedas, un problema que autoridades estatales vinculan directamente con el financiamiento del crimen organizado.
Mientras otros estados como Aguascalientes avanzan en la lucha para erradicar las máquinas tragamonedas, en Jalisco el convenio de coordinación entre el estado y los municipios para retirar estos dispositivos se encuentra estancado. Solo el municipio de Zapopan ha aprobado el acuerdo en su cabildo. El resto de los gobiernos municipales continúa sin someter el documento a votación, lo que ha frenado la implementación de operativos coordinados.
¿Qué pasó con el convenio contra máquinas tragamonedas?
La directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), Patricia Martínez, confirmó que el convenio ya fue revisado por todos los municipios y actualmente se encuentra en la etapa de aprobación por los cabildos.
“Ya pasó por una revisión de todos los municipios, en días pasados desde Imeplan estuvimos coordinando esa mesa para que todos pudieran revisar el convenio, hacer sus observaciones. El procedimiento es que una vez ajustado el convenio, con sus observaciones, pasa a aprobación de los cabildos y después ya están en condiciones de firmarlo. Quien ya lo pasó por cabildo es el Ayuntamiento de Zapopan y los demás están en proceso de pasarlo para poder continuar con la respectiva firma”, declaró Martínez. Sin embargo, el avance depende de los tiempos políticos y administrativos de cada ayuntamiento, algunos de los cuales sesionan apenas una vez al mes.
“Depende realmente de las fechas en las que programen sus sesiones. Todos entienden que es una prioridad y también es un tema que les favorece a todos, así que estimamos que no pase más de mes o mes y medio en el que ya se pueda tener resultados. Hay municipios que sesionan solo una vez al mes y es en esa sesión donde se pretende que suba el tema”, añadió.
Estimó que el proceso podría destrabarse en un plazo de entre un mes y mes y medio, la falta de acción inmediata contrasta con la urgencia planteada desde el gobierno estatal.
Desde inicios de año, Lemus Navarro ha advertido que estas máquinas no solo operan de forma ilegal, sino que forman parte de esquemas de financiamiento de grupos delictivos. Por ello, ha hecho un llamado directo a presidentes municipales para reforzar las labores de inspección y vigilancia, subrayando que la responsabilidad inicial recae en las autoridades locales.
“Ofrezco también el apoyo del gobierno del Estado de Jalisco, a los municipios del Área Metropolitana y a cualquier otro municipio de Jalisco, a aprobar este tipo de convenio, a fin de que el gobierno del Estado les apoye para incautar, maquinitas tragamonedas y muchas otras cosas, porque sí, es una realidad: los grupos delincuenciales están atrás de estos negocios de las máquinas tragamonedas”, dijo el ejecutivo jalisciense desde el mes de enero.
“El problema de las máquinas tragamonedas se vive principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara. La responsabilidad directa es de las áreas de inspección y vigilancia municipales en una primera instancia, y algo que la Guardia Nacional y el gobierno de Jalisco ha estado pidiendo a los presidentes y presidentas municipales, son operativos para incautar estas máquinas tragamonedas”, puntualizó.
Aun con el convenio sin firmar, desde Imeplan se aclaró que los municipios ya cuentan con facultades para realizar operativos, inspeccionar establecimientos y asegurar equipos que no cumplan con la normativa.
“Ya están en condiciones, habilitados para poder inspeccionar, para poder hacer estas labores de vigilancia y, en su caso, operativos, en caso de que no cuenten con los permisos municipales, del estado y del Gobierno federal”, afirmó la directora.
“Una cosa es ya tener el convenio firmado con atribuciones convenidas para poder actuar en conjunto, pero eso no exime que desde ahora se puedan coordinar y apoyar”, añadió.
Mientras el proceso administrativo sigue su curso, las máquinas tragamonedas continúan operando en tiendas de abarrotes, farmacias y otros comercios, aprovechando la falta de operativos integrales y la lentitud institucional.
Aguascalientes deja atrás a Jalisco
En contraste, el Congreso de Aguascalientes aprobó este jueves 16 de abril reformas para endurecer las sanciones contra el uso y operación de máquinas tragamonedas, especialmente cuando involucran a menores de edad. En el marco de la Séptima Sesión Ordinaria, el Poder Legislativo avaló por unanimidad modificaciones al Código Penal, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley Municipal.
Las reformas establecen penas de entre 6 y 14 años de prisión para quienes induzcan, faciliten o toleren que niñas, niños y adolescentes utilicen estos dispositivos, además de multas de 200 a 500 días y la obligación de reparar el daño. Asimismo, se contemplan castigos de 3 a 5 años de cárcel por la instalación y operación de tragamonedas.
Además, se fortalecen los mecanismos de coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, y se amplían las facultades de supervisión de los ayuntamientos, marcando un contraste con la parálisis que enfrenta Jalisco en este tema.
Así, mientras en otras entidades se endurece el marco legal para combatir este problema, en el Área Metropolitana de Guadalajara el convenio clave para actuar de manera conjunta sigue detenido en los escritorios de los cabildos
SRN