Mientras la mayoría de pequeños esperan con ansías la Navidad para recibir juguetes, ropa o accesorios como regalos, hay otros que a su corta edad enfocan sus deseos hacia algo más significativo para ellos: una familia que los adopte.
Y es que en el estado de Puebla hay 239 niñas, niños y adolescentes que están bajo tutela del Sistema Estatal DIF (Sedif) o de otras casas de asistencia privadas tras ser rescatados de escenarios que los ponían en riesgo, como violencia física, sexual o psicológica, la mayoría provocados por padres o familiares ausentes que poco o nada hicieron porque tuvieran un desarrollo íntegro.
Aunque ellos depositan sus esperanzas en un ser mítico como Santa Claus, la esperanza de encontrar un hogar que les brinde los cuidados que necesitan se desvanece, ya que apenas 30 familias han sobrellevado los numerosos estudios y pedimentos burocráticos que un proceso como éste exige en la entidad.
Datos expuestos en la sesión más reciente del Consejo Técnico de Adopciones arrojaron que durante 2025 apenas 17 menores de edad fueron incorporados a una familia, de los cuales, dos de ellos se canalizaron en este diciembre.
"En cada solicitud de adopción se prioriza el bienestar de las infancias y jóvenes antes de entregarlas a las familias [...] Cada proceso es llevado con la mayor sensibilidad, profesionalismo y transparencia", afirmó Sedif al indicar que también se aprobó el inicio de un nuevo juicio de adopción.
En ese aspecto, sostuvo que otros 24 niños y jóvenes obtuvieron "liberación jurídica" y ahora son candidatos a integrarse a una familia, mientras 30 de ellas se mantienen "en lista de espera" para asumir una responsabilidad como madres o padres.
En Puebla, el Consejo Técnico de Adopciones está integrado por Cecilia Arellano Pérez, presidenta del Patronato del Sedif; Juan Carlos Valdez Zayas y Manuel Pérez Navarrete, director general y director jurídico del organismo; además de integrantes de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; las coordinaciones de las casas de asistencia social, la dirección de Asistencia Médico Social, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
CHM