En medio de la revisión nacional ordenada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a los planteles con modelo militarizado, tras la muerte de una adolescente en un campamento en Tamaulipas, el secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura García, aseguró que hasta el momento no existen quejas contra el sistema de bachilleratos militarizados que opera en la entidad.
El funcionario precisó que el tema sería abordado este martes durante una reunión con autoridades de la SEP, en la que se analizaría el alcance de la instrucción federal y sus implicaciones para Nuevo León, donde opera el Colegio de Bachilleres Militarizado “General Mariano Escobedo”, un subsistema público de educación media superior creado por el Gobierno estatal y con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
“Vamos a tener una reunión el día de hoy (ayer martes) en la tarde, en la que se va a definir precisamente el análisis que corresponde al estado de Nuevo León, no hay quejas de momento.
”Lo vamos a ver a partir de la tarde el día de hoy (ayer) en la reunión que vamos a tener a nivel nacional; el comunicado (que llegó la semana pasada) es de manera general y es de conocimiento de todas las entidades federativas. Y lo que se nos pide es que analicemos de manera exhaustiva las condiciones jurídicas en las que se encuentra cada uno de los órganos que se tienen; no hay ninguna postura (aún)”, refirió.
Paura detalló que durante la reunión se daría retroalimentación por parte del Gobierno federal sobre la operación de estos centros educativos y el alcance de la revisión instruida a nivel nacional.
“Esta reunión es para que se nos retroalimente el alcance y (están cumpliendo) totalmente, hay de alguna manera jurídica todo perfectamente establecido”, agregó.
La semana pasada se informó que las autoridades educativas de Nuevo León deberán revisar y, en su caso, suspender las actividades de todo plantel que opere bajo la denominación de militar, castrense o militarizada antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.
La orden fue emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para todas las entidades federativas y obliga a revisar de manera exhaustiva las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios otorgados a este tipo de instituciones, a fin de verificar que su operación se ajuste al marco jurídico vigente.
En el caso de Nuevo León, las autoridades estatales sostienen que el modelo de los bachilleratos militarizados tiene su operación bajo un marco legal propio y que será durante la reunión con la Federación cuando se determine el alcance de esta disposición federal, y si ésta implica alguna modificación para ese subsistema estatal.
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