Durante el mes de septiembre, según las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia estatal, en Nuevo León se registraron 183 delitos de abuso de autoridad, la cifra más alta en la entidad en los 23 meses recientes.
Es hasta octubre del año 2023 que se reportó un mes con más casos que en septiembre del año en curso, al concluir hace dos años con 184 carpetas de investigación derivadas de una denuncia por abuso de autoridad.
Con base en los datos oficiales destaca que en septiembre, además, se tuvo un incremento en este delito del 60.52 por ciento en comparación con el mes de agosto de este año, al pasar de 114 a 183.
Y, un aumento del 56.41 por ciento en relación con el mes de septiembre del año pasado, al subir de 117 a 183.
De igual forma, resaltar que en los primeros nueve meses del año 2025, un lapso de 273 días, se acumularon en Nuevo León mil 129 delitos por abuso de autoridad, lo que equivale a una media diaria de 4.14.
De acuerdo con la Fiscalía, en el año 2025 todos los meses cerraron por arriba de los cien delitos de este tipo, tras los 126 en enero, 118 en febrero, 115 en marzo, 112 en abril, 113 en mayo.
Así como 139 en junio, 109 en julio, 114 en agosto y 183 en septiembre.
Preciso mencionar que el Código Penal del estado de Nuevo León indica, entre otros aspectos, que comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público que para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución jurídica, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con este objeto.
O, que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o insultare.
Asimismo, que ejecute cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución; que siendo responsable de una fuerza pública y requerido legalmente por una autoridad para que le preste auxilio, se niegue ilícitamente a dárselo o retrase el mismo injustificadamente; que teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denuncie; que habiendo ejecutado una orden judicial de aprehensión, no ponga al inculpado a disposición del juez que la liberó; que obligue al inculpado a declarar usando la incomunicación o la intimidación.
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