El Sanatorio Trinidad, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, continúa operando de manera ilegal pese a clausuras sanitarias previas, lo que mantiene en riesgo la vida de pacientes por falta de insumos, equipo médico y personal calificado, denunciaron trabajadores y legisladores.
Durante un llamado en la Cámara de Diputados, se exigió a las autoridades actuar con mayor rigor ante las violaciones a la normativa sanitaria en este nosocomio, incluido en la 'lista negra' de la Cofepris por incumplimientos graves.
El vocero de los trabajadores, Joel Hernández Reyes, afirmó que en los últimos cuatro años han fallecido casi una decena de pacientes debido a deficiencias en la atención médica y carencia de insumos hospitalarios, bajo la actual administración encabezada por Adriana Beltrán Mayén.
De acuerdo con el testimonio, el hospital, que en el pasado fue considerado uno de los privados de mayor prestigio en la capital, hoy opera sin tecnología adecuada ni personal capacitado, lo que lo convierte en un foco de riesgo sanitario para la población.
Clínica fue clausurada por Cofepris
La Cofepris clausuró el área de quirófanos en octubre de 2023 y colocó sellos de suspensión en septiembre de 2024; sin embargo, el sanatorio habría continuado brindando servicios por órdenes de su administración. En enero de 2025, fue incluido oficialmente en el listado de clínicas clandestinas.
“Tal situación deja entrever que funcionarios fueron sobornados para hacerse de la vista gorda”, señaló Hernández Reyes, al denunciar que el establecimiento sigue ofreciendo consultas a pacientes sin condiciones mínimas de seguridad.
Por su parte, la diputada federal Margarita García García, del Partido del Trabajo, advirtió previamente que el sanatorio carece de condiciones sanitarias y técnicas, por lo que urgió a una revisión exhaustiva y a sanciones conforme a la ley.
Además del riesgo sanitario, el caso suma denuncias laborales. Unos 250 trabajadores fueron despedidos de manera injustificada, de los cuales alrededor del 80 por ciento mantiene litigios en curso por falta de pago de salarios, prestaciones y presunto acoso laboral.
IYC