A más de cinco meses de las declaraciones del sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como “Padre Pistolas”, especialistas en materia jurídica y de política pública cuestionaron la demora en la resolución del caso, al señalar que la legislación vigente es clara sobre la violencia política de género y que los procesos no deberían prolongarse.
Leonel Fernández Novelo, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano, fue enfático al señalar que la tardanza resulta difícil de justificar.
“No entiendo por qué están tardando tanto en resolver cuando la ley es bastante clara. Por supuesto que entendemos que se requiere integración, se tiene que haya elementos suficientes probatorios y que el caso sea cuidadoso para garantizar el debido proceso de ambas partes”, afirmó.
Fernández Novelo explicó que el marco legal establece con precisión los supuestos que configuran la violencia política, por lo que consideró que el análisis del caso no representa una complejidad mayor.
“La ley que protege los derechos políticos de las mujeres, es muy clara cuando menciona que se tiene que revisar al menos que haya una de cinco condiciones para que se pueda llamar violencia política de género, y no es tan complicado”, expresó.
El especialista advirtió que, aunque se requiere integrar adecuadamente las pruebas y respetar el debido proceso, los retrasos también generan efectos negativos. En ese sentido, recordó que las autoridades tienen la obligación de garantizar procesos ágiles y efectivos.
Por su parte, la doctora Susana Martínez Nava, profesora investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, consideró que, aunque los tiempos pueden generar inconformidad, también es necesario que las autoridades actúen con rigor.
“Me parece que es importante que el tribunal esté pidiendo más pruebas. Me parece que es una buena señal porque habla de una justicia que no se queda en la superficie mediática y que busca analizar los hechos con rigor jurídico”, señaló.
Añadió que este tipo de conductas puede presentarse no solo en campañas, sino también durante el ejercicio del poder, cuando se generan entornos de deslegitimación basados en estereotipos de género.
No obstante, coincidió en que existe una percepción generalizada sobre la lentitud institucional.
“Entiendo que todos quisiéramos tribunales más ágiles, que se pronuncien de forma más rápida, pero yo consideraría que es una situación que afecta a todas las instituciones”, dijo.