El coordinador de diputados federales del PAN por Guanajuato, Miguel Salim Alle, atribuyó el repunte de las extorsiones a tortilleros y pequeños comerciantes en el sur del estado a las detenciones de líderes delictivos registradas en los últimos meses.
Según explicó, las células criminales buscan mantener su financiamiento mediante este delito, luego de que las acciones de seguridad han debilitado sus estructuras.
“Hoy lo que tiene Guanajuato, con la coordinación a nivel federal y con la baja que ha tenido en inseguridad, es que no les ha quedado a otros más que recurrir a la extorsión. Las acciones han bajado la delincuencia, pero la coordinación entre los tres niveles de gobierno es la única forma de contenerla”, señaló Salim.
El legislador citó como ejemplo el caso de Eduardo “N”, recientemente vinculado a proceso por la Fiscalía del Estado, quien era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en una red criminal dedicada a extorsionar comerciantes de la región Laja–Bajío, en particular de la Central de Abastos de Celaya.
Por su parte, el coordinador de diputados locales del PAN, Jorge Espadas Galván, reconoció que si bien el endurecimiento y la homologación de sanciones contra la extorsión aprobadas recientemente son un avance importante, no bastan por sí solas para erradicar el problema, sobre todo entre los pequeños negocios que no denuncian por miedo.
“Con una ley no se acaba la delincuencia; si fuera así de sencillo, ya habríamos terminado con ella. Se requiere una política pública nacional y reconocer el esfuerzo que ha realizado la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, cuyos resultados han ayudado a inhibir la delincuencia. Vamos a seguir trabajando con quien sea necesario para mantener los avances”, expresó Espadas.
Cabe recordar que en septiembre de 2025, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 73 constitucional para emitir la Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de homologar sanciones y coordinar esfuerzos en todo el país.
La minuta fue también ratificada por el Congreso de Guanajuato, cuyos diputados coincidieron en que la extorsión es uno de los delitos que más vulnera la tranquilidad de las familias y los comerciantes del estado.