Activistas y afectados por los presuntos fraudes de Proyectos 9 presentaron una iniciativa de reforma para reducir los tiempos de resolución en los fraudes inmobiliarios, financieros y de despojos de inmuebles.
Roberto Medina Martínez, activista y promotor de la iniciativa, explicó que una vez que exista una denuncia por despojo de inmueble se frene la posible compra o venta del terreno, pues han detectado que una propiedad robada puede venderse hasta cinco o seis veces.
“Proponemos que la justicia no nada más detenga, que sea expedita y rápida. No podemos esperar a que yo vaya y denuncie un fraude inmobiliario, un despojo de una empresa, un despojo de una propiedad, un fraude financiero y esperar a los tiempos que las instituciones quieren. Necesitamos que resuelvan con prontitud”, apuntó.
Medina Martínez indicó que actualmente los tiempos de resolución no son los oportunos, pues aseguran que pasan años sin que exista “justicia”.
“Obviamente tiene que investigarse, y partiendo de ahí, a ver, mientras son peras o son manzanas, esto se queda inamovible y vamos a ver quién tiene la razón. Hagan su trabajo. El Congreso local ha sido omiso, no de esta iniciativa que estamos presentando, sino de todo”, puntualizó.
El activista subrayó que se reforman diversas disposiciones del Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, y de la ley del Instituto Registral y Catastral.
“A lo mejor para un diputado local, para un diputado federal, para un funcionario de gobierno, el perder un patrimonio de 500 mil pesos o de un millón de pesos, de 2 millones de pesos, de 4 millones de pesos, puede ser muy factible o normal, no es normal. Desde que agarran algo que no es de ellos, no es normal. Nosotros necesitamos alzar la voz”, enfatizó.
También refirió que Nuevo León es uno de los principales centros económicos industriales y empresariales del país, pero también donde ocurren más delitos de este tipo.
“Hay cientos, sino que miles de personas agraviadas en nuestro estado. Ya no podemos permitir que esto siga pasando en Nuevo León, no es posible que hagan caso omiso las autoridades estatales”, finalizó.
En la presentación de la iniciativa también estuvo Liliana Leal, afectada y vocera de proyectos 9.