El robo de infraestructura pública, principalmente cables, tuberías y materiales utilizados para servicios como electricidad, telecomunicaciones o agua, se ha convertido en el componente dominante dentro de las carpetas de investigación relacionadas con robo de maquinaria y equipo productivo en México.
Un análisis de las denuncias registradas entre 2015 y 2025 en las 32 entidades revela que este tipo de delito representa más del 50 por ciento de los casos documentados en el periodo, superando ampliamente a otros subtipos, como el robo de herramientas industriales o el robo de tractores.
La información permite observar que en la última década el fenómeno ha estado marcado por una constante: la mayor parte de las denuncias no está vinculada a maquinaria agrícola pesada, sino al saqueo de infraestructura que forma parte de redes de servicios.
En términos absolutos, el robo de cables, tubos y objetos destinados a servicios públicos sin violencia concentra casi 10 mil carpetas de investigación en el periodo analizado, una cifra que por sí sola supera ampliamente a cualquier otra modalidad dentro de esta categoría delictiva.
El segundo grupo con mayor incidencia corresponde al robo de herramienta industrial o agrícola sin violencia, con más de 4 mil denuncias acumuladas en 10 años. Muy por detrás aparecen los casos de robo con violencia de herramientas o maquinaria, así como el robo de tractores, que representan una proporción menor del total nacional.
La estructura de los datos muestra que más del 80 por ciento de las denuncias se registran sin violencia. Esto sugiere que muchos de los casos se relacionan con sustracción de materiales en obras, instalaciones industriales o infraestructura pública, donde los responsables aprovechan horarios nocturnos o zonas poco vigiladas para extraer cableado o tubería que se vende en mercados informales de metales.
El comportamiento del delito también ha mostrado variaciones importantes a lo largo del tiempo. Entre 2015 y 2016 el número de carpetas de investigación se mantuvo relativamente estable, con poco más de mil casos anuales en todo el país. Sin embargo, en 2017 se registró el primer gran repunte, cuando las denuncias prácticamente se duplicaron y superaron las dos mil carpetas en un solo año.
Especialistas en seguridad señalan que ese incremento coincidió con un aumento en el precio internacional de metales como el cobre, un factor que históricamente ha incentivado el robo de cableado eléctrico y otros componentes metálicos.
Tras ese pico, la incidencia volvió a niveles moderados en 2018 y 2019, pero el fenómeno registró un nuevo repunte entre 2020 y 2021. En este último año se alcanzó el punto más alto de toda la serie analizada, con más de dos mil setecientas carpetas de investigación abiertas en el país.
Variaciones por región
A partir de 2022 se observa nuevamente una tendencia descendente. Los registros muestran una reducción gradual que llevó las cifras a niveles similares a los observados al inicio del periodo, con poco más de mil casos anuales entre 2024 y 2025. Aunque el delito está presente en todo el país, su distribución territorial no es homogénea.
Los datos revelan que existe una fuerte concentración en algunas entidades donde la actividad industrial, la infraestructura energética o los proyectos de construcción generan mayores oportunidades para este tipo de robo.
Puebla encabeza la lista nacional con más de 3 mil carpetas de investigación acumuladas en la década analizada. Le siguen Jalisco, con casi 3 mil casos, y Quintana Roo, donde se registran más de mil 600 expedientes.
Otros estados con alta incidencia incluyen Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila y Michoacán, donde la combinación de zonas industriales, infraestructura energética o actividad agrícola intensiva genera condiciones propicias para este delito.
Centro del país
En contraste, varias entidades registran niveles muy bajos de incidencia en este rubro. Estados como Colima, Sinaloa o Nayarit aparecen con menos de veinte carpetas acumuladas en diez años, mientras que en otras entidades los registros son prácticamente inexistentes o se clasifican en otras categorías delictivas.
El análisis también permite identificar tres grandes regiones donde el fenómeno se presenta.
La primera corresponde al corredor industrial del centro del país, donde estados como México, Puebla y San Luis Potosí concentran infraestructura productiva que puede ser objetivo.
En el caso de Hidalgo, los registros muestran una incidencia relativamente baja en comparación con otras entidades del país. Entre 2015 y 2025 se contabilizan poco más de medio centenar de carpetas de investigación relacionadas con robo de maquinaria, herramientas o infraestructura productiva.