Los asentamientos irregulares en zonas federales de Jalisco se han convertido en un problema fuera de control que rebasa la capacidad de las autoridades, reconoció la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al advertir que esta situación incrementa el riesgo de inundaciones y pone en peligro a cientos de familias.
El director general del organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, admitió que la invasión de cauces, ríos y arroyos ha crecido sin contención en los últimos años “se descontroló, vamos a reconocerlo, reconocer los problemas es empezar a solucionarlos. Tenemos la responsabilidad de las zonas federales y muchas zonas invadidas, y la Conagua no es, no tiene capacidad para solucionar esto”.
En el estado, decenas de asentamientos se han instalado en áreas cercanas a cuerpos de agua, reduciendo el espacio natural de los cauces y alterando su funcionamiento. Esta situación se vuelve crítica durante el temporal, cuando el incremento en los niveles de agua puede provocar desbordamientos e inundaciones en zonas habitadas.
¿Qué pasará con las familias que habitan en asentamientos irregulares?
De acuerdo con las autoridades, el problema no solo es ambiental, sino también social y político. Frente a este panorama, la estrategia de la Conagua no se centrará en acciones inmediatas o de fuerza, sino en la construcción de acuerdos. Como parte de esta ruta, se han firmado hasta el momento 22 convenios con gobiernos municipales, mientras que al menos 40 más se encuentran en proceso. El objetivo es que los ayuntamientos participen directamente en el control de los asentamientos, así como en la recuperación de espacios invadidos.
Sin embargo, las autoridades reconocen que el retiro de construcciones irregulares no será inmediato ni sencillo, ya que implicaría enfrentar a comunidades enteras, “no podemos llegar con máquinas del municipio a quitar todo eso porque entonces tendríamos un enfrentamiento con más de 400 familias”, dijo.
Uno de los casos más recientes y representativos se ubica en San Pedro Tlaquepaque, en las colonias Parques de Santa María y Parques del Bosque, donde habitantes invadieron la zona federal del arroyo El Seco. En este punto, a unos 100 metros del cruce del arroyo con Camino Real a Colima, las viviendas avanzaron al menos diez metros sobre el cauce. Las familias ampliaron sus patios y construyeron habitaciones adicionales, reduciendo el espacio destinado al flujo del agua.
Según la pasada administración, ninguna de estas ampliaciones contó con licencia, lo que agrava la situación jurídica y urbana del asentamiento. Las modificaciones al cauce representan un riesgo directo durante el temporal, ya que elevan la probabilidad de desbordamientos.
Anteriormente, autoridades municipales han implementado desalojos. En 2021, el gobierno de Zapopan llevó a cabo un desalojo de unas cincuenta personas en Prolongación avenida Guadalupe y Local E, en la colonia Valle de San Nicolás, como parte de lo dispuesto por la Conagua que prohíbe estos asentamientos en zonas de riesgo, luego de un dictamen realizado por Protección Civil y Bomberos del municipio. Un año después, en abril de 2022, autoridades de los tres niveles desalojaron y demolieron alrededor de 70 fincas irregulares construidas en el cauce del Arroyo Seco en la colonia Miramar, en la misma demarcación.
Sin embargo, los riesgos no han cesado. En julio de 2025, se registró una inundación en La Martinica, que se encuentra en el cauce del Arroyo Hondo. La tormenta dejó 144 viviendas afectadas, 30 vehículos arrastrados y una bebé sin vida. Esta zona continúa habitada.
Las autoridades federales coinciden en que la solución no será inmediata y requerirá un proceso prolongado que incluya la aplicación de normativas, la coordinación entre los tres niveles de gobierno y, sobre todo, el diálogo con las comunidades involucradas.
SRN