La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla, concedió una última oportunidad a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), pues aunque a nivel federal se ordenó el cierre de este tipo de instituciones, a nivel estatal se permitirá que el propietario alegue por la continuidad de su proyecto.
Manuel Viveros Narciso, titular de la SEP estatal, indicó que Daniel Guzmán López, propietario y director de la AMIZ, recibió diez días naturales a partir del 2 de octubre de 2026 para presentar pruebas que le permitan continuar prestando los servicios de la institución a nivel primaria, tras su clausura desde septiembre pasado.
"El responsable de la Academia estará presentado sus alegatos y esperaremos por ello. El área jurídica de la Secretaría estará revisando y estaremos comunicando lo conducente", indicó.
Como el proceso sigue en curso, Viveros señaló que hasta la segunda quincena de octubre se conocerá la resolución correspondiente y, en su momento, la SEP estatal la dará a conocer.
"En un principio lo que se comentó fue el tema de la suspensión de la publicidad de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato; y la suspensión del servicio educativo en el nivel primaria", precisó.
La AMIZ era, hasta agosto de 2026, la única institución de tipo militarizada en el estado de Puebla. No obstante, la muerte en un campamento castrense de la joven Dafne, en Tamaulipas, obligó a la Federación a cerrar este tipo de instituciones.
En el caso de la AMIZ, MULTIMEDIOS publicó en su edición del 31 de julio pasado diversas anomalías que fueron denunciadas por ex integrantes de la comunidad escolar: desde presunto abuso sexual y laboral contra las alumnas, hasta posibles cobros indebidos por cursos, credenciales, uniformes y rangos de carácter militar que eran apócrifos.
A ello se sumaron otras publicaciones en redes sociales donde se fomentaba el castigo físico como medida regulatoria de conducta entre los alumnos, aunque hubo padres de familia que salieron a defender a la institución y su director.
Tanto el gobierno federal como el gobernador Alejandro Armenta convocaron a las posibles víctimas a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, mientras que la SEP se comprometió a iniciar las investigaciones para aplicar posibles sanciones de carácter administrativo.
AAC