En un año se denunció en Tamaulipas a 351 servidores públicos municipales por incumplimiento de sus obligaciones administrativas, de los cuales 59 fueron sancionados y 25 inhabilitados, informó el Inegi en su censo de gobiernos locales 2025.
La dependencia dio a conocer información sobre la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, así como de la gestión y desempeño de las instituciones que integran la administración pública, con el fin de aportar indicadores para efectos de evaluación.
En ese sentido, precisó que durante 2024 se recibieron 351 denuncias contra servidores públicos incumplidos, de las cuales, 220 fueron procedentes, ocho se declararon fuera de su competencia, 19 improcedentes, 71 pendientes de atención y 33 con “otro status”. En cuanto a las sanciones administrativas derivadas de esas quejas, se emitieron un total de 59, de las que 23 fueron amonestación privada, 10 suspensiones del empleo, cargo o comisión, una destitución y 25 inhabilitaciones.
También se especifica que ese mismo año hubo dos denuncias ante el ministerio público, las cuales fueron por los presuntos delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
En cuanto a los contratos por adquisiciones, se expuso que los municipios tamaulipecos suscribieron en 2024 un total de 3 mil 644, de los cuales el 6.1% fue por licitación pública estatal, regional y local, el 2.3% licitación nacional, el 57.3% adjudicación directa, el 29.9% mediante invitación restringida a tres personas y el resto se clasificó como “otro procedimiento”.
Respecto a la obra pública, se contrató un monto total por 4 mil 550 millones 566 mil 018 pesos, donde se licitó el 38.6% de los procedimientos, se otorgó por invitación restringida el 34.9%, por adjudicación directa el 16.7%, licitación pública nacional el 7.8% y el resto apareció en “otros”.
En cuanto a los presupuestos que ejercen los municipios, los de Tamaulipas ocuparon el sexto lugar con la mayor cifra, al cuantificar 38 mil 079.4 millones, solo superados por Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Guanajuato.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025, con datos del 2024, no especifica qué funcionarios o servidores públicos locales fueron objeto de sanciones por incumplimiento de su función administrativa o denunciados penalmente ante el ministerio público.
El análisis indica que a pesar del número de quejas, las sanciones representan una proporción reducida frente a los casos reportados, lo que evidencia posibles áreas de oportunidad en los mecanismos de investigación y rendición de cuentas a nivel municipal.