M+.- Antes de quedar en el centro del escándalo por las fallas en los exámenes de ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la empresa regia Territorium Life ya había sido buscada por autoridades de Nuevo León en un domicilio que, según documentos oficiales, no parecía una sede empresarial en operación: era una bodega sucia, vacía y sin mobiliario.
En junio de 2022, la Tesorería General del Estado acudió en tres ocasiones al domicilio fiscal que la compañía regiomontana tenía registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicado en la calle Nogalar número 208, de la colonia Antiguo Nogalar, en San Nicolás de los Garza, al nororiente de la Zona Metropolitana de Monterrey.
El objetivo era notificar a Territorium Life, SAPI de C.V., para que acreditara el cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas con el pago mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Pero los funcionarios estatales no encontraron representantes de la empresa. En su lugar, dejaron asentado en actas que el inmueble correspondía a una bodega en abandono, sin personal, sin equipo de oficina y sin mobiliario.
La diligencia ocurrió cuatro años antes de que Territorium se convirtiera en protagonista de una crisis nacional tras las presuntas irregularidades detectadas en la aplicación del examen de admisión en línea de la UNAM, proceso que terminó con la cancelación anticipada del contrato con la compañía.
La falla en la plataforma implementada para evaluar a aspirantes a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027 provocó la suspensión temporal del proceso de inscripción y entrega de documentos, además de protestas estudiantiles, investigaciones de instituciones públicas y la salida de Patricia Dávila como secretaria general de la Universidad.
Tras la crisis, la UNAM determinó concluir anticipadamente la relación contractual con Territorium Life, mientras autoridades federales y estatales comenzaron revisiones sobre el caso.
Ahora, documentos oficiales del gobierno de Nuevo León, los cuales se encuentran en poder de MILENIO, revelan que años antes la compañía había sido buscada por la autoridad fiscal en un domicilio donde no fue localizada actividad empresarial.
Tres visitas, ninguna respuesta
La compañía de software tenía registrado como domicilio fiscal un inmueble ubicado en la calle Nogalar 208, en Antiguo Nogalar, San Nicolás de los Garza.
Ahí, la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Estado intentó entregar el oficio DF-19-P-1539/22, fechado el 22 de junio de 2022.
El documento legal establece que la autoridad buscaba que Territorium Life comprobara el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que estaba obligada como proveedora.
La notificación estaba relacionada con sus obligaciones en materia de IVA mensual y pagos provisionales del ISR.
Ese día, personal de la Tesorería acudió al inmueble que coincidía con el último domicilio fiscal reportado por la empresa ante el Registro Federal de Contribuyentes.
La descripción asentada por la autoridad fue precisa: "Inmueble tipo bodega en color azul con blanco, barandal y portón en color azul, de tres pisos aproximadamente, con número a la vista 208, ubicado en Nogalar No. 208, Antiguo Nogalar, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 68484".
La notificadora Karla Marycruz Gutiérrez Zamora, adscrita a la dependencia estatal, dejó constancia de que realizó diversos intentos para localizar a algún representante de la empresa.
"Una vez constituido el suscrito notificador en el domicilio fiscal procedí a tocar insistentemente el timbre y el portón en reiteradas ocasiones, sin embargo, nadie abrió la puerta en el domicilio fiscal ni nadie se apersonó a atender la presente diligencia de notificación del oficio".
El oficio estaba suscrito por Roberto Santos Zapata, en su carácter de director general de Fiscalización de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas.
La primera búsqueda terminó sin que la autoridad pudiera concretar la entrega.
Pero no fue la única ocasión en la que funcionarios estatales acudieron al domicilio registrado por Territorium sin encontrar personal.
Una bodega vacía y sin rastro de operación
La segunda diligencia realizada por la autoridad estatal tampoco permitió localizar a representantes de Territorium Life.
De acuerdo con el acta levantada por la Tesorería General del Estado, el notificador volvió al domicilio fiscal registrado por la compañía y, al intentar verificar si existía personal al interior del inmueble, observó condiciones que no correspondían con una oficina en funcionamiento.
El documento señala que el funcionario se asomó por una rendija ubicada en el portón azul del inmueble y pudo observar hacia el interior.
Ahí dejó asentado que: "Se podía ver hacia el interior del domicilio, observando que se encontraba vacío y sucio, y en el mismo no se apreciaba mobiliario o equipo de oficina, ni persona alguna".
La diligencia quedó registrada en el acta identificada con el número GIM1900052/22/03/0001, correspondiente al procedimiento iniciado por la autoridad fiscal estatal.
La búsqueda de información sobre la empresa tampoco arrojó resultados entre los vecinos o personas cercanas al inmueble.
En una de las actas, el notificador asentó que preguntó a una persona sobre Territorium Life y si conocía los horarios en los que podía ser localizada la compañía.
La respuesta quedó registrada de la siguiente manera: "Desconozco el horario; además, el personal de esa empresa ya no vienen".
El testimonio fue incorporado en el acta con folio GIM1900052/22/03/0002.
La autoridad realizó una tercera diligencia tres días después en el mismo domicilio fiscal, pero nuevamente encontró ausencia de trabajadores y falta de información que permitiera ubicar a la empresa.
Durante esa visita, el notificador incluso cruzó la calle frente al inmueble registrado por Territorium Life y acudió al número 211, donde se encontraba un establecimiento con el logotipo "ISB sola basic".
Ahí, una persona del sexo masculino se negó a identificarse.
Ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal señalado y al desconocer su paradero, la Tesorería General del Estado determinó realizar la notificación por estrados.
Este mecanismo consiste en publicar el oficio en los espacios públicos de las oficinas de la autoridad y en su portal de internet cuando no es posible entregar directamente la comunicación al contribuyente.
Hasta ahora se desconoce si Territorium Life respondió posteriormente al requerimiento del gobierno de Nuevo León y si entregó la información y documentación fiscal solicitada.
Del domicilio fiscal al contrato con la UNAM
Pese a las diligencias realizadas por el Estado, Territorium Life continuó apareciendo en registros oficiales como proveedor.
La empresa, representada por Carlos Guillermo Elizondo, figuraba todavía el 31 de agosto de 2024 en el padrón de proveedores con el número de Siregob 0020400, manteniendo el mismo domicilio fiscal en San Nicolás de los Garza.
El giro registrado correspondía a servicios de software y programas de manejo de licencias.
En 2026, cuatro años después de aquellas visitas fiscales, la compañía alcanzó notoriedad nacional al convertirse en la responsable tecnológica del examen de admisión en línea de la UNAM, uno de los procesos educativos más relevantes del país por el número de aspirantes involucrados.
La implementación del sistema terminó en una crisis luego de que fueron detectadas fallas técnicas, irregularidades y prácticas para vulnerar la evaluación.
El caso derivó en la suspensión temporal de etapas del proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027, protestas de estudiantes, investigaciones de autoridades públicas y la terminación anticipada del contrato con Territorium Life.
La empresa que debía garantizar la seguridad y confiabilidad de una evaluación universitaria masiva quedó así bajo escrutinio por un episodio que abrió preguntas sobre sus controles tecnológicos, su operación y los antecedentes de la compañía.
Entre esos antecedentes aparece un expediente fiscal de Nuevo León: tres visitas de la autoridad a un domicilio registrado como sede empresarial, donde los funcionarios encontraron una bodega sin trabajadores, sin mobiliario y sin señales visibles de actividad.
grt