M+.- Hay un ruido particular en El Baratillo, que no existe en ningún otro lugar de Guadalajara. Es el ruido de 10 mil puestos despertando al mismo tiempo: el chirrido de las carretillas cargadas, el golpe seco de las mesas metálicas desplegándose, el regateo en voz baja que se mezcla con el olor a carnitas y tejuino. Cada domingo, desde las seis de la mañana, el oriente de la ciudad se transforma en uno de los mercados más grandes de América Latina.
Más de 60 cuadras y 6.3 kilómetros de extensión sobre la calle Juan R. Zavala y sus vialidades aledañas conforman una tradición que, según los vecinos, tiene al menos 60 años, la cual fue visitada por MILENIO.
En 'El Baratillo' se vende de todo: desde piezas viejas hasta herramientas baratas. Pero también, desde hace años, se comercializan animales silvestres y exóticos de manera ilegal, encerrados en jaulas y sin ningún tipo de control.
La venta de animales en el tianguis fue prohibida desde 2018 por el Ayuntamiento de Guadalajara.
En la administración municipal anterior llegaron a asegurarse más de mil 700 animales de distintas especies, y el propio ayuntamiento reconoció que el modo de operar de los vendedores está en constante cambio: cuando los retiran de la vía pública, migran a locales que sólo abren los domingos.
Cuando clausuran esos espacios, reaparecen en otro pasillo. El problema no desaparece; se adapta y se mueve.
Aseguraron 345 animales en una sola mañana
El domingo 17 de mayo, en el cruce de Juan R. Zavala y Pablo Valdés, agentes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizaron el decomiso de fauna silvestre más grande que se recuerde en el tianguis.
En cuestión de horas, 345 ejemplares fueron retirados del lugar: polluelos de aguililla, búhos, zorros, serpientes de diversas especies, iguanas, escorpiones, tarántulas y una variedad de aves, muchas de ellas protegidas por la legislación mexicana.
Detrás de cada animal había una historia similar. Fueron capturados en vida libre, trasladados en condiciones que no contemplaban su bienestar y puestos a la venta en un pasillo de tierra, entre compradores que quizá ni siquiera sabían que adquirirlos constituye un delito federal.
Los 345 ejemplares fueron trasladados ese mismo día a la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco de Zúñiga, donde el equipo encabezado por el biólogo Luis Alberto Cayo Cervantes los recibió en lo que él mismo describe como un escenario recurrente.
“En colaboración con las autoridades federales, en este caso con la Guardia Nacional, la Fiscalía de la República y Profepa, brindamos apoyo para recibir esos ejemplares y darles atención. Muchos de ellos, desafortunadamente, llegan en malas condiciones, ya que no son los lugares ideales para transportarlos. Son animales capturados de vida libre y presentan mucho estrés”, señala el biólogo.
Estabilizar primero, decidir después
Cuando los animales llegan a la unidad, la primera batalla es biológica. Antes de que puedan ser clasificados o incluso determinar su destino legal, hay que mantenerlos con vida. El estrés del cautiverio, combinado con la deshidratación y el deterioro físico acumulado en el tianguis, convierte la estabilización en una carrera contra el reloj.
Cada especie exige condiciones distintas. Los reptiles necesitan temperatura y humedad controladas; las aves, silencio y penumbra para reducir el pánico; los mamíferos, hidratación inmediata.
Los 345 ejemplares fueron distribuidos en contenedores especializados para recrear, en la medida de lo posible, las condiciones mínimas que cada grupo requiere para sobrevivir las primeras horas.
“Lo primero que hacemos es estabilizarlos y mantenerlos mientras las autoridades realizan su procedimiento. Posteriormente nos indican cuál será el destino final. Muchos están deshidratados y no comen, porque son animales recién extraídos que no están acostumbrados a permanecer en una jaula o en cautiverio”, señala Cayo.
Lo que llama la atención es que muchas de las especies decomisadas no provienen de selvas remotas ni de tráfico internacional. Son animales que viven de manera natural en Jalisco, extraídos del entorno más cercano y puestos a la venta a unos cuantos kilómetros de donde nacieron.
Las bajas, el costo invisible de la ilegalidad
Hay una parte de la historia del tráfico de fauna que rara vez aparece en los comunicados oficiales tras un operativo: los animales que no sobreviven. No porque el equipo de rescate falle, sino porque el daño ya estaba hecho mucho antes de que llegaran las autoridades. La deshidratación severa y el estrés prolongado dejan secuelas que no siempre tienen marcha atrás, incluso con atención veterinaria especializada.
“Obviamente va a haber bajas”, explica Cayo Cervantes. “Muchos están deshidratados, no comen, porque son animales recién extraídos que no están acostumbrados al cautiverio, y eso puede causar muchas muertes”.
Cada baja es un animal que resistió la captura, sobrevivió el transporte y llegó hasta la unidad de rescate, pero cuyo cuerpo ya no pudo más.
Para los animales que logran estabilizarse, el proceso posterior es lento. Su destino no lo deciden los veterinarios que los atendieron, sino una cadena de decisiones institucionales que puede extenderse durante semanas.
La Profepa determina, una vez concluido el procedimiento legal, hacia dónde serán canalizados los ejemplares.
“Ahorita están estables y en espera de que las autoridades nos indiquen qué va a pasar”, describe Cayo Cervantes.
“Ya cuando termine el procedimiento, nos indicarán, mediante Profepa, a qué UMAS —unidades de manejo— serán canalizados para que puedan pasar el resto de su vida ahí”.
Las UMAS son espacios certificados por la autoridad federal donde los animales que ya no pueden reintegrarse a la naturaleza pasan el resto de su vida en condiciones supervisadas. Para muchos de los 345 ejemplares rescatados, ese será su destino final: no la selva ni el monte, sino un recinto controlado, porque el mercado ilegal ya les arrebató la posibilidad de volver.
Una semana después, los animales volvieron
La esperanza de que el operativo del 17 de mayo enviara un mensaje definitivo a los traficantes duró exactamente una semana. El domingo 24 de mayo, los pasillos de El Baratillo volvieron a tener vendedores ofertando animales como si el decomiso más grande de los últimos meses nunca hubiera ocurrido.
Las jaulas reaparecieron entre los puestos de ropa y las mesas de herramientas. La oferta es amplia y abierta: serpientes, búhos, pericos y canarios, pero también perros y gatos de distintas razas, conejos, pollos y cerditos miniatura, conocidos como minipigs, acomodados en cajas de cartón o amarrados con hilos de rafia.
Los precios circulan de boca en boca entre los pasillos. Un búho puede costar entre 3 mil y 5 mil pesos, dependiendo de la especie y el tamaño. Las serpientes se ofrecen alrededor de los 2 mil 500 pesos. Los minipigs, cada vez más solicitados como mascotas de moda, alcanzan los mil 500 pesos.
En el caso de los perros, los precios varían considerablemente según la raza: desde ejemplares con pedigrí sin documentación hasta cachorros presentados como de “raza pura”.
El negocio continuó, y no es la primera vez. Desde 2021, los operativos se han vuelto periódicos: 30 animales decomisados en octubre de ese año, 56 en mayo de 2023 y 91 en junio de 2024. Cada operativo genera un titular y una fotografía de jaulas apiladas. Y una semana después, el tianguis sigue igual.
El operativo del 17 de mayo sumó 345 ejemplares más a ese conteo silencioso que nadie lleva del todo. Mientras la impunidad persista y la demanda de quienes buscan una “mascota diferente” no disminuya, El Baratillo seguirá siendo, cada domingo, mucho más que un tianguis.
JVO