A plena vista de las autoridades y sin que hasta ahora se frene su comercialización total, el tráfico ilegal de animales silvestres y especies exóticas en mercados de León evidencia la operación de redes que trasladan ejemplares desde diferentes regiones del país para venderlos abiertamente.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, advirtió que detrás de esta actividad, la falta de intervención de las autoridades podría estar relacionada con actos de colusión o el temor a represalias de grupos criminales.
“La venta de reptiles, aves y mamíferos no es un fenómeno aislado ni exclusivo de León, sino parte de una cadena de tráfico que comienza con la captura de animales y continúa con su traslado y comercialización, una actividad que representa importantes ganancias económicas”, mencionó.
Explicó que algunos ejemplares provienen de regiones cercanas, pero otros llegan desde lugares como la Selva Lacandona, Veracruz y Michoacán, lo que refleja la participación de redes que operan en distintas entidades y que utilizan los mercados como puntos de distribución.
Para Sánchez Valdés, uno de los aspectos más preocupantes es que esta actividad se realiza de manera pública, por lo que consideró que las autoridades no pueden justificar su inacción bajo el argumento de que desconocen los hechos o que no existen denuncias ciudadanas.
“Los ciudadanos van, ven los animales, pueden comprarlos y, por tanto, como es un comercio abierto, no se vale que las autoridades digan que no se están percatando del mismo o que hacen falta denuncias, cuando es una situación en donde se puede arrestar precisamente en flagrancia”, sostuvo.
Ante este escenario, planteó dos posibles explicaciones sobre la falta de operativos: que exista colusión de funcionarios con quienes participan en el comercio ilegal, mediante el pago de sobornos, o que las autoridades tengan temor de intervenir por las posibles represalias de las organizaciones criminales.
El investigador consideró que la recurrencia de estas prácticas y su exposición en medios de comunicación hacen más difícil sostener que las dependencias desconocen lo que sucede en los mercados de León.
“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene atribuciones para acudir a estos espacios, inspeccionar los puestos, verificar la procedencia de los ejemplares y comprobar que los comerciantes cuenten con los permisos necesarios, particularmente cuando se trata de especies protegidas cuya venta está prohibida”, especificó.
En caso de detectar irregularidades, explicó, corresponde a las autoridades asegurar los animales y proceder conforme a la legislación, pues el tráfico ilegal de vida silvestre constituye un delito que puede castigarse con penas de prisión.
También señaló que la responsabilidad alcanza al ámbito municipal, debido a sus facultades en la administración de los mercados, por lo que consideró que las dependencias federales y locales deben asumir las atribuciones que les corresponden, en lugar de deslindarse de la problemática.
“Ya no hay un desconocimiento casual del hecho, sino que se trata de una omisión de tomar acciones que están dentro de su ámbito de atribuciones”, puntualizó.
Aseguró que permitir la continuidad de estas redes tiene consecuencias ambientales importantes, pues la extracción y comercialización ilegal de ejemplares contribuye al deterioro de los ecosistemas y pone en riesgo la supervivencia de especies silvestres, por lo que llamó a las autoridades a intervenir antes de que el problema siga creciendo.