A dos meses de que venza el plazo para vincular las líneas telefónicas con la CURP, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que 32 millones de personas ya realizaron el proceso, mientras que millones más —principalmente usuarios de prepago— todavía deberán hacerlo antes del 30 de junio.
En entrevista con Alejandro Domínguez, por MILENIO TELEVISIÓN Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta del organismo, explicó que quienes no completen el registro antes de julio verán restringido su servicio telefónico.
“Si no se realiza antes del 30 de junio, el 1 de julio los servicios se deshabilitarán”, advirtió. La funcionaria precisó que, en esos casos, únicamente se podrán realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana, como 911, 089, 088, 079 y alerta sísmica.
La medida ha generado dudas entre usuarios de telefonía móvil, especialmente entre quienes cuentan con planes de renta mensual y consideran que sus datos ya están registrados con las compañías. Ante ello, Solano Rodríguez aclaró que, en la mayoría de los casos, las líneas de pospago ya están asociadas a una persona.
“Todas las líneas de pospago ya están a nombre de alguien. En principio no se debe hacer otro registro, salvo que no estuvieran completos los datos”, explicó.
La comisionada señaló que el dato que más suele faltar es la CURP, por lo que algunas compañías podrían solicitar a sus clientes actualizar la información.
El mayor reto está en las líneas de prepago
Aunque los usuarios con contrato probablemente ya tengan vinculada su línea, el panorama cambia para quienes utilizan teléfonos de prepago.
“Las líneas de prepago representan alrededor del 84 por ciento del total y muchas no están asociadas a ninguna persona. Ese es el universo que se tiene que vincular”, dijo la funcionaria.
El trámite podrá hacerse de manera presencial en centros de atención o directamente desde el teléfono móvil.
Solano Rodríguez detalló que el proceso digital consiste en ingresar a la plataforma de la compañía telefónica, proporcionar nombre, número telefónico y CURP, además de subir una fotografía de una identificación oficial.
“Se hace una validación para confirmar que el documento sí fue emitido por una autoridad y también una prueba de vida”, explicó.
Esa prueba, añadió, busca comprobar que quien realiza el registro es una persona real y no una fotografía o contenido generado con inteligencia artificial.
“Lo que autentica es que la persona que se está registrando es quien dice ser y que coincide con la identificación”, comentó.
La funcionaria también aseguró que los usuarios podrán verificar si existen líneas telefónicas registradas a su nombre.
“Cada compañía telefónica tiene plataformas de consulta y también pueden entrar a la página de la comisión, en www.gob.mx/crt, donde están las ligas para revisar cuántas líneas tienen asociadas”, señaló.
En caso de detectar números desconocidos, explicó, los usuarios podrán solicitar directamente a las empresas telefónicas que esas líneas sean dadas de baja.
“El gobierno no tendrá una base de datos”: CRT
Uno de los principales cuestionamientos sobre el nuevo esquema de registro ha sido el manejo de la información personal y el temor a posibles mecanismos de vigilancia.
Sobre ello, Norma Solano Rodríguez rechazó que exista una base de datos centralizada en manos del gobierno.
“El registro se hace ante tu empresa telefónica, no lo hace la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ni el gobierno”, sostuvo.
Añadió que las compañías únicamente conservarán dos datos: nombre y CURP.
“No se resguardan datos biométricos. No hay una sola base de datos; cada empresa tiene sus propios sistemas de almacenamiento”, afirmó.
La comisionada insistió en que el objetivo de la medida es combatir el anonimato en las líneas telefónicas, especialmente en delitos relacionados con extorsiones y fraudes.
“La idea es que, cuando exista una denuncia o una investigación, las autoridades puedan identificar de dónde vienen estas llamadas”, dijo.
También aseguró que el acceso a la información solo podrá darse bajo procesos legales y solicitudes formales.
“Las empresas están obligadas por ley de protección de datos personales a implementar medidas de seguridad y únicamente compartir información cuando exista una investigación oficial”, concluyó.
Puedes ver la entrevista completa aquí abajo:
Con información de Alejandro Domínguez.