La violencia familiar en el sur de Tamaulipas continúa generando preocupación no solo por el impacto social y emocional que provoca en las víctimas, sino también por la presión que mantiene sobre los juzgados civiles y penales de municipios como Tampico, Ciudad Madero y Altamira. .
Dentro de este panorama, especialistas en Derecho Familiar han alertado sobre el crecimiento de casos relacionados con violencia vicaria, una modalidad que, aunque ya está contemplada en la legislación local, sigue enfrentando obstáculos para su correcta atención y sanción.
El abogado Fausto E. Villarreal explicó que este tipo de violencia representa una de las formas más complejas de agresión dentro del entorno familiar, debido a que utiliza a los hijos como instrumentos para causar daño emocional a las madres.
¿Qué es la violencia vicaria y cómo afecta a las familias?
De acuerdo con el litigante, la violencia vicaria ocurre cuando el agresor busca afectar psicológicamente a una mujer mediante la manipulación, retención o daño hacia sus hijos u otros seres cercanos.
“La violencia vicaria es aquella que se ejerce sobre la mujer a través de sus seres más queridos, principalmente sus hijos. El agresor no busca dañar físicamente a la madre en primera instancia, sino destruirla emocionalmente utilizando a los menores como instrumentos de control, amenaza y manipulación”, señaló Fausto Villarreal.
El especialista indicó que, aunque el Código Penal de Tamaulipas ya contempla reformas para castigar este tipo de conducta, todavía existen complicaciones importantes en la aplicación de justicia.
“En la práctica diaria frente a los tribunales, observamos que las medidas cautelares suelen llegar con una lentitud que favorece al agresor. Cada día que un menor es retenido ilegalmente o manipulado psicológicamente para rechazar a su madre, el daño se vuelve más irreversible”, advirtió.
El abogado consideró que muchos procesos judiciales relacionados con guarda y custodia terminan prolongándose innecesariamente, situación que, aseguró, puede convertirse en una extensión de la propia violencia.
“No basta con tener la ley en el papel; se requiere que los juzgadores y secretarios de acuerdo apliquen una perspectiva de género real que identifique las tácticas dilatorias. El uso de recursos legales para alargar juicios de guardia y custodia es, en muchos casos, una extensión de la violencia misma”, expresó.
Especialistas piden agilizar medidas de protección en Tamaulipas
El abogado subrayó que el sistema judicial en Tamaulipas enfrenta el reto de evolucionar para responder de manera más rápida y efectiva a este tipo de casos, especialmente cuando hay menores involucrados.
Fausto Villarreal planteó tres puntos que considera urgentes para combatir la impunidad en casos de violencia vicaria en la entidad.
El primero, explicó, es la especialización judicial y psicológica para identificar correctamente los patrones de violencia y evitar revictimizar a las madres durante los procesos legales.
“Los dictámenes psicológicos deben realizarse por peritos capacitados en identificar la antes denominada alienación parental y el ciclo de violencia de género, evitando la revictimización de la madre”, señaló.
Otro aspecto prioritario, dijo, es la recuperación inmediata de menores cuando existan elementos que acrediten que fueron separados de uno de sus padres como método de presión o coerción.
“La ley debe garantizar la restitución inmediata del menor cuando se acredite que la separación es una estrategia de coacción”, puntualizó.
Finalmente, destacó la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas y mecanismos de mediación que permitan evitar el contacto directo entre víctimas y agresores durante los procesos judiciales.
“Integrar de manera más robusta las herramientas tecnológicas para audiencias que eviten el contacto con el agresor garantizaría que el proceso judicial no sea una tortura adicional”, afirmó.
El litigante concluyó que el derecho familiar debe dejar de ser únicamente un observador de los conflictos familiares y convertirse en una herramienta efectiva de protección para mujeres, niñas y niños.
“El derecho en Tamaulipas debe evolucionar de ser un espectador de tragedias familiares a ser un escudo protector”, concluyó.