Todos los días en México se activa la Alerta Amber para hallar a un menor de edad, y en medios de comunicación se reportan actos violentos contra niñas, niños y adolescentes y la cifra va en aumento.
Sin embargo, de cien casos de violencia que se presentan en el país, sólo el dos por ciento lleva un proceso penal y judicial que conlleve a los perpetradores de estos actos a pagar por las acciones violentas con este sector, informó Maricruz García Martínez, activista y consejera de Servicios de Inclusión Integral A. C. (Seiinac).
"El tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes pareciera que va creciendo. Hace poco la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) informó que por cada 100 casos de esta problemática, solo dos llegan a sentencia".
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"Nos habla mucho del acceso a la justicia que tienen niñas, niños y adolescentes, que solo el 2 por ciento de los casos de violencia sean investigados o lleguen a una sentencia contra el perpetrador", indicó García Martínez, previo a la conferencia que ofreció para presentar el libro La niñez y la adolescencia en la política pública. Manual para la generación de programas municipales, en el marco de la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2019, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
La premisa principal es reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, que existen y tienen voz, ya que solo así podrán funcionar las políticas públicas que se realizan en torno a la defensa de los menores en el país.
"Desde la forma de referirnos a los niños como infantes, que viene del latín que significa sin voz, los estamos invisibilizando y si eso es en el lenguaje, hay que imaginarnos lo que pasa con la percepción social, es más complejo".
"Debemos de dejar de romantizar a la infancia como una etapa feliz, porque con ello deja de mostrar que también les acontecen problemas importantes que no se visibilizan, y que también sufren por las situaciones sociales que pasan a su alrededor", indicó por su parte, Salvador Tenorio Maya, activista y voluntario de Seiinac.
García Martínez refirió que, cuando llegó la administración Federal actual, se rumoró que desaparecería el Sistema de Protección para niños, niñas y adolescentes, sin embargo, esto no sucedió, pero tampoco reavivó el interés de los tres niveles de gobierno por erradicar la situación.
"Hubo estos rumores y considero que los niños, niñas y adolescentes están invisibilizados en las políticas públicas (…) en el tema del gobernador del estado, él es el presidente del Sistema de Protección Integral del Niños, Niñas y Adolescentes, quien solo ha ido a una reunión en 2017, y la Ley Estatal nos habla de que este sistema debe de sesionar, al menos, dos veces al año", expuso la activista.
Señaló que, hasta este 2019 se dio a conocer la convocatoria para que la sociedad civil pueda participar, "aunque es todo un tema, porque nos pidieron muchos requisitos, comprobar que no hemos estado involucrados en actos ilícitos, que vivamos en el estado y demás, cuando las y los funcionarios no les piden tanto".
"En el tema en materia municipal ha sido complejo. Nosotros tuvimos la fortuna de tener un financiamiento por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), con el cual se logra realizar este trabajo editorial, los siete sistemas de programas de protección, con poco más de 280 mil pesos, y se logró", puntualizó.
Finalmente, los especialistas en la mesa coincidieron en que el tema del nombramiento de una Secretaría Ejecutiva, dentro de este Sistema de Protección, debe ser tomado de forma responsable, ya que será la persona encargada de realizar un diagnóstico y desarrollar programas para que funcionen las políticas públicas para erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país.