Cuando se trata de recursos públicos, el dinero que se invierte a festivales debería dirigirse a promover los derechos culturales y no para promocionar al artista de moda.
Ésta y otras reflexiones las ofreció la investigadora Érika Flores Déleon, presidenta del Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable (IDC Cultura).
Una de las conclusiones es que "los derechos culturales en México son violados desde hace cien años".
"El estado o no se ha dado cuenta del cambio de paradigma en los derechos culturales, o no hace mucho para avanzar. Han pasado ocho años desde la reforma constitucional y nada ha cambiado", destaca.
La reforma constitucional de los Derechos Culturales y el Acceso a la Cultura se aprobó en 2009, realizándose el cambio al Artículo 1, dos años más tarde. En Nuevo León, el Congreso reformó el Artículo 3 de la Constitución local para asegurar el acceso a disfrutar de la cultura para la población.
Consideró que el estado debe facilitar el trabajo a los gestores culturales y no tratar de ocupar su papel.
"Por ejemplo, con un bailarín al que 'invitan a bailar', ni se tienen las condiciones para que ejerza su trabajo y además tampoco les pagan. Hay que decir 'hasta aquí', o sea, hay dinero para la publicidad, pero no para las personas", indicó.
Para Érika Flores Déleon, el dinero público debe invertirse en los derechos culturales y no en espectáculos de entretenimiento, los cuales pueden solventarse con apoyo privado.
"Lo que tiene que ver con el reguetón no entra en el marco de los derechos culturales, entendidos como derechos humanos, porque no es una expresión dancística propia de ninguna comunidad ni tampoco es bella arte. Por lo tanto, el dinero público no podría ir a este entretenimiento", dijo.
Reflexión
La investigadora Érika Flores Déleon consideró que los recursos públicos deberían ser dirigidos a promover derechos culturales y no festivales o espectáculos de moda.
Diagnóstico
La presidenta de IDC Cultura señaló que el estado no se ha percatado de los cambios de paradigma en cuanto derechos culturales, pese a reformas constitucionales.