El presupuesto federal que se ejercerá en el rubro de Cultura para el año 2020 es insuficiente pues este sector económico requiere de al menos 600 mil millones de pesos “para empezar a asomar la cabeza” y fincar nuevas bases de trabajo que impulsen la difusión y comercialización formal de sus productos al tiempo en que se generan beneficios sociales.
Así lo establece el catedrático José Manuel Hermosillo Vallarta, fundador de la sociedad civil Artículo 27, quien en fechas recientes ofreció el taller “La Economía Naranja en el modelo mexicano de competencia económica”, invitado por la Unidad Regional de Culturas Populares de Durango.
“El presupuesto es insuficiente, lógicamente con 12 mil millones estamos muy abajo, pero si el gobierno se diera el tiempo para analizar cómo gira en el mundo la economía cultural, de inyectarle los 600 mil millones de pesos, estaría recuperando de manera indirecta y directa vía impuestos y otro tipo de gastos, la inversión; la actividad sería muy productiva, tendría infinidad de manifestaciones culturales, que sí existen, y estarían destinando recursos para la protección del arte popular, para la protección real de comunidades y pueblos originarios porque de manera gandalla, empresas nacionales e internacionales, se siguen enriqueciendo con eso”.
El taller que ofreció en la Comarca Lagunera de Durango tiene un propósito vital, el evidenciar que México cuenta ya con una estructura jurídica para empezar a hablar del Modelo de Economía Creativa Mexicana.
Condiciones de desarrollo social
“¿Qué queremos decir? En mi opinión la Economía Naranja es la etiqueta de Colombia, es como ellos pretenden a través de la industria de la creatividad generar condiciones de desarrollo social.
Nosotros creemos, después de haber estudiado mucho el tema, que México tiene un modelo de competencia mexicana con el cual también se puede fomentar la empresa cultural, la creativa, e incorporarla a la industria de la creatividad, pero la mexicana, esa es la conclusión del taller por eso lo abordamos así".
“Creemos además que tiene muchísima relevancia para Gómez Palacio, Durango, puesto que el área de Culturas Populares es la que se interesa en hablar del Art Pomex o del Arte Popular Mexicano, elevarlo a esa carretera de la economía: llevar toda la empresa cultural, toda la empresa creativa a ese modelo de desarrollo porque México tiene todos los elementos para ello”.
Hermosillo Vallarta explicó que en realidad el andamiaje de la industria de la creatividad se basa en los acuerdos de la Agenda 20-30 tomados por los países miembros de la ONU.
Así Colombia ideó su Cultura Naranja y aunque México es parte de ese acuerdo ha tardado en implementar un modelo que fortalezca su actividad cultural.
“México no puede perder de vista que el siglo XXI está definido por los expertos como el Siglo de la Economía de las Ideas. Esto quiere decir que México debe aprovechar toda su creatividad, todo su bagaje patrimonial y cultural para incorporarlo a un modelo de competencia económica, nosotros desde la trinchera hablamos de convertir la actividad cultural en un motor de desarrollo pero hay que generar condiciones para que pueda transitar en la carretera en la que los países han visto que la cultura desde el punto de vista, desde su actividad económica, es como mejor puede generar riqueza a los países subdesarrollados”.
Políticas públicas
Con una pluralidad étnica y multicultural, en México la sociedad y gobierno deben armar el instrumento para ejecutar las políticas públicas de protección para las empresas culturales y creativas, considerando además su inserción al régimen fiscal.
“Queremos copiar el mecenazgo de Inglaterra o la Ley de Mecenazgo, queremos copiar la Cultura Naranja de Colombia, queremos copiar el Modelo brasileño, queremos copiar el peso en taquilla y no hemos hecho un alto para definir el modelo mexicano. Artículo 27 nació por la necesidad de evidenciar ante la sociedad que el ejercicio de los derechos culturales es un camino legal amparado en la constitución, amparado en la cultura como un derecho fundamental”, sentencia el entrevistado.
Amparados en la Constitución y la responsabilidad que tienen los poderes públicos para ofrecer bienes y servicios, los artistas y creadores tendrán una oportunidad de formalizar su trabajo.
De asociarse y generar riqueza dentro de un modelo de competencia económica generando beneficio social.
Asociaciones civiles se han visto desprotegidas: Victoria Aguilar
Su trabajo es brindar asesoría legal a personas indígenas. Ella es prestadora de servicios profesionales en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Durango.
Se llama Victoria Maribel Aguilar Aguilar, abogada indígena O´dam, actual Premio Estatal de la Juventud en Durango, defensora de mujeres indígenas, y promotora de la cultura, de las artesanías y de la medicina tradicional.
En entrevista para Milenio y tras dictar la conferencia “Ser mujer indígena en el estado de Durango” en la ciudad de Gómez Palacio, dijo que se dedica a impulsar proyectos productivos y comunitarios en la entidad en un contexto de marginación y desigualdad social.
Así de la conmemoración del 12 de octubre, conocida oficialmente como El Día de la Raza, los pueblos originales reconvierten el discurso oficial para poder celebrar el “Día de la resistencia indígena” puesto que América no fue un espacio inventado sino uno severamente saqueado.
“La charla era para mujeres pero como también fueron niños hable de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Soy prestadora de servicios profesionales en el INPI, mi área son proyectos productivos, estar detrás de los promotores para que le den seguimiento a los proyectos comunitarios, sin embargo también brindo asesoría gratuita en el mismo Instituto y cuando se trata de fundir el tema cultural, de artesanos o artistas indígenas, busco espacios para ellos”.
Obstáculos
En la transición sexenal que se vive con la toma de posesión del gobierno que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, las asociaciones civiles han tenido varios obstáculos para acceder a recursos. Y en el caso de asociaciones indígenas tampoco se hizo la excepción.
“Yo creo que también estamos en lo mismo, las asociaciones civiles indígenas que han trabajado el tema quedaron de alguna manera desprotegidas, entonces no hay mucho auge en que ahora alguna organización dependa de algún recurso para seguir fomentando. No ha fluido el recurso”, confirmó la abogada.
No obstante en el INPI apuntó que sí ha visualizado más apertura para impulsar a los indígenas que promueven sus proyectos productivos, toda vez que el recorte presupuestal, de acuerdo a la entrevistada, se enfocó en el área de infraestructura.
“En el área en la que estoy me ha dado mucho gusto ver que sí han fluido los proyectos productivos como ayuda en la economía de las familias indígenas y que los proyectos de mujeres indígenas son los que han prevalecido de nosotros”