Etiquetados y presupuesto a estados

Fuerte está el rumor de que la futura secretaria federal de Cultura, Alejandra Frausto, así como los diputados de Morena, se oponen al presupuesto piso para los estados que se redujo de 32 millones a ocho en 2017 y a diez en el presente ejercicio fiscal. También están, al parecer, en contra de los llamados “etiquetados” que asigna la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, herramienta que ayudó en su momento a las iniciativas civiles a catapultar su actividad y desarrollo económico ante la falta de políticas públicas que las catapultaran. La oposición a que existan tales dineros no es gratuita y se origina en los abusos mayúsculos que se derivaron de su ejercicio sin control. En el caso de los estados los cuestionamientos van desde la nula rendición de cuentas, que produjo no solo discrecionalidad inaceptable y opacidad, hasta el franco uso indebido de esos fondos convertidos en caja chica, en monedero personal, de los señores gobernadores.

El problema de ese presupuesto piso es que nunca fue planeado a la par de la construcción de política pública que le diera lógica y llevara a un verdadero desarrollo de comunidades artísticas (que casi nunca vieron un peso) y, mucho menos, a una debida atención a nuestros conciudadanos en el disfrute de su derecho de acceso a la cultura. Es evidente que cortar definitivamente el presupuesto piso va a dejar aún más desprotegidos a creadores y proyectos culturales de los estados, amén de que en muchos de éstos jamás se les ha sacado de la orfandad. Pero aquellas entidades que han llevado a cabalidad metas visibles, han pagado los recortes por aquellas donde las autoridades infringieron la ley. La exigencia sería un control y lógica en su aplicación, un correcto, transparente y ordenado uso de los recursos, no su desaparición. Por el contrario, debiera restituírsele el monto que manejaban de 32 millones, por lo menos.

Mismo caso para los etiquetados. Decenas de diputados se inventaron asociaciones civiles patito o francamente fantasmas para bajar recursos. Ahora pagarán justos por pecadores y desaparecerán esfuerzos que han rendido frutos que son medibles. ¿Esto es justo? No existe ni un solo instrumento, dentro de las políticas públicas de la Secretaría de Cultura federal, que apoye a las AC y otros esfuerzos civiles. Son puercoespines que los funcionarios no saben por dónde agarrar y no son sujetos de ningún fondo concursable a pesar de que producen más de 60 por ciento de los bienes culturales que reciben los mexicanos. Frenar la robadera está fuera de cuestión, como también debiera estarlo el no aniquilar a quienes se debiera ver como aliados porque cumplen con sus tareas y las pueden demostrar.