El Gobierno de Jalisco ya tiene el control total del Museo Nacional del Tequila. La Fiscalía General de la República retiró los sellos de la parte que mantenía asegurada, y con eso concluyó la recuperación del inmueble.
Según la consejera jurídica del Estado, Tatiana Anaya, la recuperación se hizo en dos etapas. La primera excluía las áreas aseguradas por la FGR y avanzó cuando el ayuntamiento de Tequila se desistió de impugnarla, pues alegaba tener mejor posesión. En la segunda, el Estado acreditó ante la FGR, en la Ciudad de México, que es el propietario.
Falta verificar algunos bienes que el municipio busca acreditar como suyos: unos 20 escritorios, 50 sillas y artículos decorativos.
Sobre las investigaciones penales, Tatiana Anaya explicó cuál es ahora el papel del Estado.
“Continúa su curso que ella no nos da intervención porque realmente nosotros ya no somos parte es decir, nosotros hicimos la recuperación del inmueble les aseguran el mueble pero ya la parte penal de responsabilidades o en su caso de judicializar la carpeta de investigación que ellos tienen ya nosotros no nos pueden notificar porque no somos parte”, detalló.
Las dos carpetas de investigación se acumularon y, hasta ahora, nadie ha sido castigado. El Estado atiende los trabajos en el edificio a través de las secretarías de Cultura y de Administración, con un proyecto arquitectónico validado por el INAH. Si procede una reparación del daño, dijo, se reclamaría a los implicados dentro de la carpeta.
También se le preguntó si hubo robo o pérdida de objetos.
“Nosotros detectamos en su mayoría igual de lo que ellos decían, porque recordemos que nosotros no participamos en el aseguramiento como gobierno del estado”, aseguró.
La funcionaria confirmó que fueron falsas las versiones que circularon sobre que dentro del inmueble se habían encontrado dinero y un arma, pues tuvieron acceso a la carpeta de investigación y no se encontró nada.
La consejera confirmó que el espacio se usaba como oficinas de regidores y del entonces presidente municipal, con modificaciones a la estructura original que, dijo, debieron contar con permiso. Aseguró que no hubo indicios de que alguien viviera ahí ni de fiestas. Sobre los bienes pendientes, explicó que la verificación busca evitar señalamientos y cuidar los cambios de administración.
MC