A finales del siglo XIX se estrenó en Madrid La verbena de la paloma, una zarzuela que comienza con un dúo entre Don Hilarión el boticario y su amigo Don Sebastián, que con una mezcla de sorpresa y admiración ante los avances farmacéuticos entonan a voz en cuello que “hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, que es una bestialidad, que es una brutalidad”.
Tenían razón: a partir de entonces, los avances científicos y tecnológicos irrumpieron en forma irreversible en la vida cotidiana con la vacunación, la luz eléctrica, el telégrafo, los rayos X y el cinematógrafo. La ciencia pronto se convirtió en un elemento indispensable para el bienestar social, el acceso al conocimiento y la cultura, el desarrollo económico y una relación equilibrada con el medio ambiente. Como lo demuestra la pandemia y la crisis sanitaria que estamos padeciendo, la investigación científica juega un papel central en nuestra vida individual y colectiva.
En la práctica, el gobierno del presidente López Obrador le ha dado la espalda a esta realidad. El arrinconamiento presupuestal y mediático es un indicador de la contracción brutal que está sufriendo el aparato científico, y refleja la incapacidad gubernamental para entender el significado social, cultural y económico del trabajo académico. El empeño en concentrar la capacidad de decisión en el Conacyt no sólo entraña el riesgo de la endogamia ideológica, sino que también implica un intento por destruir la evaluación de pares, que históricamente es parte esencial del proceso de independencia del conocimiento científico de los poderes religiosos y políticos.
Aunque desde hace más de 25 años el país cuenta con una red de Centros Públicos de Investigación que han contribuido a diversificar la generación de conocimiento y a la descentralizar de la investigación, en México las ciencias naturales y exactas se han desarrollado al amparo de unas pocas secretarías de Estado y las instituciones de salud pero, sobre todo, en los laboratorios, aulas y cubículos de las universidades públicas. En nuestro país, educación superior y desarrollo científico van de la mano, pero uno de los mayores obstáculos que tienen que enfrentar es la ausencia de políticas de financiamiento con candados presupuestales que permitan su desarrollo más allá de las ocurrencias políticas, los caprichos sexenales y las crisis económicas. El apoyo a la ciencia no es una dádiva, sino una obligación del Estado y la sociedad para garantizar la frescura intelectual, la estabilidad laboral y la garantía de becas y salarios dignos que permitan y promuevan el crecimiento y la renovación de la comunidad científica.
Aún estamos a tiempo de evitar daños irreversibles a la ciencia en nuestro país. Para ello es indispensable que el gobierno y los actores políticos apoyen una reformulación crítica de políticas salariales y de apoyos económicos que fomenten carreras académicas y la colaboración multidisciplinaria, así como el desarrollo de programas de reincorporación de investigadores jóvenes que garanticen la creación y consolidación de líneas de investigación. Ello requiere de la participación crítica, libre y directa de la comunidad académica, que es consustancial al desarrollo del trabajo científico. Las autoridades del Conacyt deben abandonar su empeño en definir de manera unilateral y con consultas sesgadas la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es indispensable garantizar el desarrollo de espacios colegiados y autónomos de participación de la comunidad científica en la toma de decisiones del sector, así como la garantía de libertad de investigación y su financiamiento. Es la única manera de evitar una crisis mayor a la que ya avizora en el horizonte de la ciencia en nuestro país.
AQ | ÁSS