La sanción penal a quien dañe un monumento, como las pintas realizadas el pasado 26 de septiembre durante la marcha realizada a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, puede ir de tres a 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad, explica el doctor Bolfy Cottom, experto en patrimonio y legislación cultural.
“El asunto de la sanción que considera la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para estos casos, está contenida en el artículo 52, reformado en 2014, que dice: ‘Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado. Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal’”.
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Consultado por MILENIO, el experto detalla que la multa, de acuerdo con la ley, será hasta por el valor del daño causado, por lo que el órgano facultado para ello, en este caso el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), tiene que hacer una valuación, debido a que la columna de la Independencia es un monumento artístico.
“Dependiendo de la afectación se hacen los cálculos para indicar la suma de lo que asciende el valor de los daños causados, así es como se determina la pena, es decir, la sanción administrativa que se aplica a quien haya infringido el daño referido a la base del Ángel de la Independencia”.
Aclara que la ley, en ese mismo artículo, establece una variable porque hay daños intencionales y daños no intencionales. Aquí se trata de daños intencionales para los cuales se aplica la sanción establecida por la ley por delitos culposos.
“Es grave lo que está pasando, hasta que no suceda un daño irreparable, entonces las autoridades van a actuar. La situación es que hay problemas estructurales en el país que el gobierno no está resolviendo y, mientras eso esté pendiente y se ofrezcan falsas expectativas, considero que los monumentos se encuentran en constante peligro y riesgo de ser mutilados y hasta destruidos”.
Sanciones por atender
Cottom, quien participó junto con coordinadores y asesores de los diversos grupos parlamentarios con la secretaría técnica del Senado de la República en la propuesta de reformas a la Ley de 2014 para que las sanciones fueran más severas, asegura que “ni así se imponga cadena perpetua para quienes dañen los monumentos, si continúan sin atenderse los problemas que estamos viviendo de violencia y de crimen organizado, el daño al patrimonio estará latente”.
Al especialista le llama la atención que las pintas sean ya una constante sobre monumentos.
“Excede el límite de la acción de estas personas que, francamente, yo no creo que hayan sido los de la agrupación de padres que están dolidos por la pérdida de sus hijos, sino gente que dolosamente e intencionalmente va y causa daños en estos bienes, por lo que me parece urgente la reacción de las autoridades. Poner vallas no resuelve los problemas de fondo que afectan al país”.
Una propuesta sería que la política cultural emprenda campañas educativas, de concientización, de difusión y prevención, coordinación con los gobiernos locales (en este caso con la Ciudad de México), como lo indica el Capítulo I de Disposiciones generales, en artículo 2º, que dice en el Párrafo reformado DOF 16-02-2018: “La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos”.
En los casos de daño al patrimonio, tanto el INAH como el Inbal han interpuesto denuncias, el problema es que son contra quienes resulten responsables. “Esas denuncias quedan en el olvido frente al delito de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa; si eso no se resuelve aún, imagínense los delitos en contra del patrimonio”, concluye.
PCL