El juez federal Enrique Beltrán Santés, contra quien la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación, dijo que los impartidores de justicia no pueden resolver los casos con base en suposiciones.
A unas horas de que la dependencia informó que integra una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito contra la administración de justicia, por permitir que el ex director jurídico de la cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, enfrente su proceso en su domicilio, el juzgador defendió su fallo.
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Caso Cruz Azul llega a la contramañanera
Durante su participación en la conferencia contramañanera que organizan los jueces federales del país que forman parte del colectivo Artículo 41, Beltrán Santés señaló que el imputado, que enfrenta los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es una persona de 83 años.
“Sí quiero ser muy enfático en que se trata de un sujeto de 83 años de edad, que ya llevaba privado de la libertad dos años y medio y que a la fecha no tiene todavía o él no sabe cuándo va a empezar su juicio por diversas cuestiones que han ocurrido”, expresó.
Dejó claro que, contrario a lo que señaló la FGR, él no ordenó su libertad, sino que iba a continuar con su proceso en su domicilio, además con un brazalete electrónico, entre otras medidas cautelares.
“Y finalmente y me parece trascendente, la defensa logró comprobar que Víctor ‘M’ estaba señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera desde el año 2018 y tenía un congelamiento de todas sus cuentas bancarias, por lo tanto, había sido materialmente imposible que él fuera el sujeto que dispuso del dinero de la transacción que tanto hablaba la Fiscalía”.
“Y hay un argumento que me llamó la atención dentro del debate, y es que una de las agentes del Ministerio Público hizo una mera suposición y dijo: ‘bueno, yo supongo que el señor, podemos suponer que el señor tiene ese dinero’. Sin embargo, pues no podemos resolver nosotros los juzgadores a base de suposiciones”, puntualizó.
¿Qué acusa la FGR?
Ayer, la FGR informó que el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al ex directivo que enfrenta un proceso por hechos relacionados con el desfalco de recursos en agravio de la cooperativa.
“Esa determinación judicial resulta contraria a la ley y es absurda por completo. En efecto, el imputado está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en términos del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva opera, entre otros, por el delito de delincuencia organizada”, subrayó la FGR.
RM