Aunque el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, había explicado que no investigaría las llamadas telefónicas anónimas que se han realizado durante las últimas semanas para denostar a candidatos, este lunes informó que inició una investigación de oficio.
En un comunicado conjunto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el INAI informó que inició de oficio investigaciones correspondientes para conocer sobre el posible uso de datos personales con fines proselitistas en el actual marco electoral.
“El propósito es corroborar la existencia de elementos que hagan presumir, de manera fundada y motivada, posibles violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, aplicable al sector público, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aplicable al sector privado”.
Además, ambas instituciones conformaron un grupo interinstitucional para atender las denuncias ciudadanas y dar seguimiento de las investigaciones desde sus respectivas atribuciones, por el posible uso de datos personales con fines proselitistas o por cualquier acto que constituya un delito en materia electoral; además de coadyuvar con la autoridad electoral detallaron.
La Fepade trabajará con la orientación del Instituto Federal de Telecomunicaciones para conocer el origen de las llamadas y con esta base señalar las responsabilidades jurídicas del caso.
En este sentido, el INAI y la Fepade reiteraron su llamado a denunciar a los ciudadanos que se consideren afectados por un posible uso indebido de sus datos personales o que tengan conocimiento de presuntos ilícitos en materia electoral.
El pasado 11 de junio, en entrevista con MILENIO, Acuña Llamas aseguró que al INAI no le correspondía indagar sobre dónde se originan las llamadas, pues “no somos fiscales de la información ni de las llamadas”; en cambio, exhortó a los ciudadanos a realizar solicitudes de acceso a datos personales dirigidas a los partidos políticos para conocer si ellos han proporcionado esa información a alguien para realizar esas llamadas.
“Tú le dices: 'partido político, estoy recibiendo llamadas; por lo tanto quiero saber si tú tienes mis datos personales o si tú los has transferido a alguien y entonces, quiero ejercer mis derechos ARCO, el de acceso, que es con el que se inician los derechos ARCO, quiero saber qué información mía tienes, no solamente mi teléfono, que es en el que me has estado hablando, a lo mejor tienes hasta más datos míos, no sé, quiero saber'”, explicó.
Entonces, “con la negativa o evasiva que te haga el partido, ya puedes ejercitar con nosotros una acción que es concreta para que podamos nosotros ir al partido y decir ‘a ver, le estás negando a esta persona, demuéstranos que efectivamente no tengas o tengas información’”, agregó Acuña.
Los derechos ARCO se refieren al mecanismo de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales que los ciudadanos pueden ejercer ante sujetos obligados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
VJCM