A pesar de que México posee un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables, el país se encamina hacia un modelo eléctrico donde las energías verdes son meros actores de reparto.
El pasado 15 de mayo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía, publicó en el Diario Oficial un acuerdo que establece nuevos criterios de confiabilidad para la distribución de plantas de generación de electricidad. Esta nueva política permite al Centro Nacional de Control de Energías (Cenace) determinar qué plantas y generadores podrán distribuir energía en el país.
“La medida representa un punto de inflexión en los repetidos esfuerzos del gobierno por favorecer la producción estatal y arrinconar la participación privada del mercado”, dice Julio Valle, vocero de la Asociación Méxicana de Energía Eólica (AMDEE) y de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).
De acuerdo con el vocero de la asociación, la medida forma parte de un movimiento amplio para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que su participación en el mercado de generación menguaba en 54%.
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“El Gobierno tiene ese porcentaje grabado en piedra y no quiere que se reduzca más”, dice Valle. La sacudida amenaza con parar en seco el crecimiento de la inversión en energías limpias y con tensar aún más las relaciones entre las autoridades y el sector privado, que se prepara para una larga batalla legal. “Pese a no tener rango de ley, el acuerdo cambia las reglas del juego de forma sustancial”, dice el vocero de la AMDEE.
Por su parte, la Secretaría de Energía ha defendido que “es responsabilidad del Estado, garantizar la confiabilidad” y advertido de que “Todas las fuentes de energía de México deberán cumplir con el ordenamiento publicado”.
Según Víctor Ramírez de la Plataforma México, Clima y Energía, dice que el acuerdo es en los hechos una “contrarreforma eléctrica” que introduce nuevos parámetros. “¿Quién va a decidir cuándo las plantas renovables están suficientemente espaciadas? Ese concepto no existe en la ley”, afirma.
Aunque no se limita a las renovables, el acuerdo enumera una serie de requisitos para la interconexión de nuevas centrales que sí pueden tener un impacto importante sobre su operación. Entre los criterios, figuran el grado de congestión de la red eléctrica, las “condiciones climatológicas” de la zona o el “espaciamiento” de las plantas entre sí. Por lo que Ramírez afirma que “toda la zona de alto potencial eólico de Tamaulipas o Oaxaca estaría frenada porque no se están espaciando las centrales lo suficiente entre sí”.
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Con malos ojos a la inversión
Durante los últimos años, las energías eólica y solar han crecido de forma exponencial y actualmente representan alrededor de 11% de la generación total de energía del país.
Los expertos consultados por Milenio señalan que México perderá la oportunidad de convertirse en una potencia mundial en materia energética, dada por su posición geográfica, y además podría cerrar la puerta a nuevas inversiones.
La agencia calificadora Moody’s consideró, en un comunicado, que las nuevas reglas para proyectos de energía renovable son negativas para fines crediticios, pues “además de retrasar la generación de ingresos para proyectos privados, agregan incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en energía renovable y la capacidad de México para alcanzar objetivos de energía limpia”.
El Dato.11%
de la generación total de energía del país proviene de plantas eólicas y solares.
“El impacto de los cambios en la regla es incierto para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque la generación de electricidad es antigua, y menos plantas eficientes conducirán a un aumento de los costos relacionados con el combustible”, señaló la calificadora.
Moody´s también recordó que según la Asociación Méxicana de Energía Eólica, unos 5,400 MW eólicos y solares de 44 parques (26 listos para comenzar a operar en el país y 18 en construcción) en 18 entidades diferentes se verán afectados por las nuevas políticas, aunque casi 3,000 MW en 23 parques ya recibieron suspensiones al acto de autoridad por parte del poder judicial.
Desde la perspectiva de Moody´s, este proceso augura el comienzo de una serie de disputas legales que desalentarán las inversiones futuras en el espacio renovable, proyectos que equivalen a 6,400 millones de dólares (mdd) y representan 50% de la nueva capacidad eléctrica del país, prevista para 2020.
“El nuevo acuerdo agrega incertidumbre a la inversión privada futura para el sector y la capacidad de México de lograr sus objetivos de energía limpia” (comprometidos para 2035), indicó la calificadora.
Además, Julio Valle afirma que 50% de la nueva capacidad prevista para entrar en operación este año se perderá, si no se hace algo al respecto.
Metas más alejadas
Elie David Villeda Orozco, experto en energías renovables, opina que el acuerdo no tiene una base legal sólida, lo que provocará una oleada de amparos, cuando en este momento el gobierno debería estar apoyando la creación de más proyectos verdes que ayuden a alcanzar las metas de sustentabilidad del país.
“Esto nos aleja cada vez más de cumplir con los acuerdos de París para bajar emisiones de carbono y tener una matriz energética diversificada; tampoco ayuda en la soberanía energética, ni da un beneficio económico para la sociedad.
La Comisión Federal de Electricidad tendrá que recurrir a más generación sucia, poniendo en riesgo la salud de millones de personas y de generaciones futuras”, precisa el experto en energía.
Villeda considera que esta medida no solo afectará a los participantes del mercado, que son empresas generadoras y comercializadoras, privadas, que tienen PPAs (Power Purchase Agreement en inglés, o acuerdos o contratos de compraventa de energía), también tendrá una afectación para la CFE, ya que la empresa dirigida por Manuel Bartlett cuenta con centrales eólicas y solares que tendrán que bajar su producción como establece el documento del Cenace.
“Si el país ya sufría de una baja confianza entre los inversionistas eléctricos, con esto la incertidumbre se va incrementar”, dice Villeda Orozco.
Desperdicio de energías
Al cierre de marzo, Asolmex reportó que el sector de las renovables acumuló una capacidad fotovoltaica instalada de 5,510 MW, repartidos entre proyectos de gran escala y Generación Solar Distribuida. El total de esta energía limpia sería suficiente para iluminar cerca de 26 millones de hogares en todo el país.
A la fecha hay en operación 68 centrales solares en México. Los últimos dos proyectos fueron el de Villa Ahumada en Chihuahua, la primera central que entró en operación como parte de la Tercera Subasta de Largo Plazo, con una capacidad de 150 MW y una inversión de 145 millones de dólares, y el último fue la central solar de 30 MW en Aguascalientes.
Asolmex revela en un informe que el acuerdo tiene impactos negativos en 44 proyectos de generación de energía limpia ubicados en 18 entidades.
Se trata de afectaciones a 26 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que estaban listas para entrar en operación, más 18 proyectos en construcción, respaldados por más de 6,400 millones de dólares de inversión directa.
David Villeda asegura que muchas empresas sopesarán la conveniencia de seguir desarrollando proyectos en México o llevarse su inversión a donde exista un verdadero estado de derecho.
yvr