México tiene tareas pendientes en energía. Sus reservas probadas de hidrocarburos solo alcanzan para ocho años, lo que demanda mayor inversión en exploración de nuevos yacimientos. El país también tiene el compromiso de generar 35% de su energía con fuentes renovables para 2024. Sin embargo, el gobierno no puede cumplir estas metas solo. Así lo ha dicho Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), en repetidas ocasiones.
“El sector energético es muy grande y cabemos todos, el chiste es colocar a cada quien en su lugar”, dijo la funcionaria durante el foro Energy Meet Point en septiembre. Pero no es tan claro para todos. “Hay mensajes encontrados”, dice Rubén Cruz, socio líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG México.
“El gobierno dice que está abierto a la participación del capital privado, pero en los hechos esto no sucede, lo que genera incertidumbre”, agrega el especialista.
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“Nuestro deseo es que haya una oportunidad de invertir en México, pero desafortunadamente, hoy no existe”, dijo Ferris Hussein, director del Grupo Carlyle, durante la conferencia Energy México 2020, la cual se llevó a cabo la semana pasada.
David Shields, un consultor privado, coincidió con Hussein. “Soy muy pesimista. (El gobierno) dice que analiza la reactivación de los farmouts •esquemas de asociación público-privada para explorar campos petroleros•, pero realmente no quiere hacerlo”.
Actualmente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantea la posibilidad de que la iniciativa privada participe con Pemex a través de contratos especiales. Por su parte, los farmouts están prácticamente descartados. “Probablemente habrá muy pocos, porque ahorita le vamos a dar prioridad a Pemex”, dijo Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, después de su intervención en Energy México 2020.
El funcionario también aclaró que la Sener analiza la viabilidad de los 137 proyectos identificados por la IP, que incluyen generación con energías limpias, almacenamiento y gasoductos, entre otros.
Pero será a mediados de febrero cuando se den a conocer los proyectos específicos en los que el gobierno permitirá la participación de los empresarios. Mientras eso sucede, Milenio consultó a especialistas del sector energético, a fin de conocer los diferentes escenarios que vislumbran para la inversión de capital privado en el país. Aquí sus perspectivas.
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Lo ideal: reglas claras
La IP destinará hasta 100,000 millones de dólares para concretar los 137 proyectos que contempla el Acuerdo Nacional de Infraestructura del Sector Privado. Sin embargo, para que la colaboración entre el gobierno y los particulares funcione, lo ideal sería tener reglas claras de participación. “Debe haber una distribución balanceada del riesgo”, dice Rubén Cruz de KPMG. “Así, la IP puede adecuarse a la visión que tiene el gobierno actual para el desarrollo de la industria”.
Otro factor importante para el éxito de los proyectos es darles continuidad, incluso después del sexenio de López Obrador. “En las administraciones anteriores y en la actual no hay un plan de largo plazo que asegure las inversiones ni la infraestructura”, dice Ramses Pech, especialista en energía.
En el caso del petróleo, el presidente prometió que al final de su sexenio la producción alcanzará 2.4 millones de barriles diarios (mbd). El año pasado fue de 1.6 mbd, una caída de 7% frente a 2018, por lo que el objetivo inmediato es detener la declinación.
Sin embargo, para llegar a los 2.4 mbd “es muy importante promover la inversión a mediano y largo plazo, más allá de 2024”, dice Rubén Cruz de KPMG. Esto implica buscar petróleo en zonas que no han sido exploradas. De hecho, las reservas posibles (3P) le darían a México petróleo crudo para los próximos 27 años, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, la inversión en exploración de Pemex ha sido mínima desde el sexenio pasado.
En 2019 asignó 21,172 millones de pesos a este rubro, es decir, una reducción de 11.4% frente a 2018, para enfocarse en el desarrollo de campos y ductos. Por su parte, la IP había invertido 9,629 millones de dólares (mdd) en actividades de exploración y producción hasta el primer semestre de 2019, con potencial de invertir otros 36,000 mdd en proyectos ya aprobados.
Pech dice que el Acuerdo Nacional de Infraestructura no abrirá la puerta a nuevas inversiones en exploración y extracción, sino que se enfocará en “almacenamiento, ductos y generación de electricidad”. Aún así, considera que los proyectos son atractivos para el capital privado, ya que “falta infraestructura, necesitamos bastantes kilómetros de ductos para mover el gas, los petrolíferos y el crudo. También tenemos una industria petroquímica que no funciona”, explica el especialista.
El Dato.2.4 millones
de barriles diarios es el objetivo de producción de Pemex para 2024
Lo más probable: ventajas para Pemex
Rubén Cruz dice que la postura del gobierno posiblemente sea que los particulares asuman los riesgos, pero la mayor parte del retorno sea para el Estado. “La participación de la IP estará supeditada a que haya negociaciones y se logren consensos”, dice el analista. “No es el escenario ideal, pero dará cierta certidumbre para que las empresas participen”.
Pech se opone al modelo actual, en el que el gobierno le otorga un porcentaje limitado de participación a los particulares en proyectos de energía. “Esto no es sano. Se necesita inversión privada y que exista un flujo de efectivo adicional al presupuesto”.
A mediados de enero, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que la restricción para participar en sectores que se consideran exclusivos del Estado conlleva un gran riesgo. “Ello limita el alcance del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado para inversiones en energía (petróleo y electricidad), agrava la incertidumbre y, de persistir, limitaría adicionalmente la inversión privada, que ya acumula cuatro trimestres consecutivos con cifras negativas”, alertó el CEESP.
El Dato.4,000 mdd
es la inversión potencial en energía eólica y solar
Lo menos deseado: proyectos sin interés
En el tercer escenario, que los analistas ven como el menos favorable, no hay certidumbre, reglas claras ni un riesgo balanceado, por lo que la participación de los particulares sería limitada. Otro factor negativo sería que los proyectos no despierten el interés de los inversionistas. “Ellos buscan esquemas de participación conjunta o inversión directa, lo que menos quieren son esquemas de proveeduría”, dice Rodrigo Favela, socio de HydroCarbon Exchange y socio organizador de Energy México.
Esto se debe a que “la rentabilidad es menor y, en el caso de Pemex, tiene una deuda muy grande con proveedores. Es de las empresas más endeudadas del mundo”, añade Favela. El reto también estará en dar mayor certidumbre para invertir en energías limpias.
La cancelación de la Primera Subasta Eléctrica de Largo Plazo, hace poco más de un año, limitó todavía más la inversión. Se estima que México dejará de percibir 8,200 mdd hasta 2024, según un análisis de Fresh Energy Consulting.
Asimismo, los nuevos lineamientos para la emisión de Certificados de Energías Limpias por parte de la Comisión Federal de Electricidad limitan la competitividad y los nuevos proyectos, coinciden la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Coordinador Empresarial.
Aún así, hay potencial para invertir hasta 4,000 mdd anuales en energía eólica y solar para 2032, según Solar Power México, los cuales se suman a los 36,000 mdd para exploración y producción petrolera.
Todavía está por verse cómo funcionará, en su caso, la sinergia entre el gobierno y la IP, pero el apetito por invertir en la industria energética se mantiene.