En junio de 2022, una mayoría de habitantes de Cancún (Benito Juárez), Puerto Morelos e Isla Mujeres votó, en una consulta ciudadana, por quitarle a Aguakan la concesión del servicio de agua potable, pero a la fecha, casi cuatro años después, las autoridades de Quintana Roo no han cumplido con la voluntad popular para ‘echar’ a la empresa privada.
Trabas legales y jurídicas, y la falta de voluntad política han ocasionado que la compañía siga operando en cuatro municipios del norte de la entidad, así lo comprobó MILENIO.
Aunque la consulta también se hizo en el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), ahí no tuvo la participación suficiente para que los resultados, también contrarios a Aguakan, fueran vinculantes.
En 2023, después de la consulta, el Congreso del estado y el gobierno local emprendieron acciones para revocar a finales de ese año la concesión que Aguakan tiene desde 1993, la cual en 2014 se amplió hasta 2053, pero la empresa promovió juicios de amparo, con lo que logró que se pausaran las decisiones adversas, y el litigio está estancado en el Poder Judicial federal.
El Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Cancún, le concedió la suspensión a la empresa, con lo que puede seguir operando, y actualmente, el amparo está en revisión en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Por ello, activistas ciudadanos consideran que el juicio debería ser atraído por la nueva Suprema Corte de Justicia o, en el último de los casos que, así como se logró la clausura de la mina de piedra caliza de la empresa Calica, en Playa del Carmen por orden del ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual gobierno federal intervenga para revocar la concesión de Aguakan.
“En el caso de Calica, que también es una empresa muy fuerte y con interés económico muy respaldado por el gobierno de Estados Unidos, se logró, está clausurada la empresa. Y siguen peleando, siguen tratando de abrir, pero como se involucró de manera decidida el gobierno federal, no han podido quitar esa prohibición de seguir explotando la naturaleza”, dice Enrique Burton, activista de la Asamblea Social del Agua.
Recibos carísimos, horas sin agua y falta de presión
En los municipios en donde opera Aguakan, los ciudadanos están hartos de los cobros exorbitantes, de la falta de suministro de agua y del servicio defectuoso.
En la unidad habitacional Paraíso Maya, al oriente de Cancún, hay múltiples testimonios de las inconformidades.
La señora Juana Muñoz platica que su presupuesto mensual para los gastos del hogar se vio afectado drásticamente por culpa de Aguakan: de octubre a noviembre, su recibo de agua pasó de 282 pesos a mil 200 pesos. Así, sin explicación, creció casi cinco veces.
Para diciembre y enero, su recibo bajó a 616 y 615 pesos, pero considera que sigue siendo excesivo, pues en su departamento de interés social solo viven ella y su hijo mayor. Y casi no están porque toda la semana se van a trabajar.
Juana no comprende los montos disparados. Dice que en los últimos meses no consumió más agua de la habitual, no cambió sus hábitos y no tiene fugas.
Pero acusa que esto no es algo aislado. Lo padecen decenas de sus vecinos. Ha notado un patrón: los recibos se disparan periódicamente.
“Cada siete meses me mandan un recibo carísimo, porque yo tengo todos los recibos y checo cuándo”, dice enojada.
Lo peor es que a pesar del coraje y las quejas contra la empresa, la mujer está obligada a pagar, pues si no lo hace, le quitan el servicio.
A muchos les ha pasado en esa unidad habitacional y lo que han hecho es “colgarse” de la red de agua potable. Es común ver mangueras conectadas directo de la tubería de la calle hacia las zotehuelas para llenar botes y cubetas en los departamentos.
Muy cerca de ahí, en la colonia conocida como Región 103, la señora Diana Becerra explica que el problema en esa zona es que el agua, cuando llega, llega con muy poca presión.
“Antes teníamos agua de las 7 a las 11 de la mañana y en la tarde, de 3 a 10, pero nos quitaron la de la mañana. Ahorita solo tenemos de 3 de la tarde a 10:30 de la noche, pero a veces llega hasta las 6, con muy baja presión, y a las 7, 8 ya la quitaron. Entonces, no tenemos y no sube a los tinacos. Tenemos que estar llenando cubetas, ollas, todo lo que tenga a la mano para poder tener agua”, platica.
En otros casos es peor, porque el agua llega sólo de madrugada, lo cual complica más las cosas.
“Llega sin presión y tenemos que conectar bombas eléctricas para poder subir un poco a los tinacos. Pero si llega a las dos de la mañana, conecto mi bomba y me quedo dormido, la bomba se queda conectada toda la noche y se quema y se incrementa el recibo de energía eléctrica”, platica un joven del fraccionamiento Hacienda del Caribe que prefiere no dar su nombre por temor a represalias.
“Ya no solo es pagarle a Aguakan, sino pagarle a la Comisión (Federal de Electricidad) y aparte, el cansancio, porque es un desgaste físico estar despierto al pendiente de que te llegue un poco de agua”, dice.
“La consulta no sirvió”
Enrique Burton es un activista del municipio de Solidaridad, donde la consulta de 2022 no logró el porcentaje de participación necesario para que el resultado, también contrario a Aguakan, fuera vinculante.
Es coordinador de la organización Asamblea Social del Agua y asegura que ese ejercicio democrático tuvo algo de trampa.
“La consulta fue ‘vinculante’ en el sentido de que las autoridades tenían que atender el tema, no de que automáticamente se cancelara la concesión; en lugar de llevar a cabo un plebiscito, que sí sería vinculante para cancelar la concesión, hicieron solo una consulta”, reprocha.
El ex diputado local Julián Ricalde, que formó parte de la comisión especial que se creó en el Congreso de Quintana Roo para atender el caso Aguakan, también asegura que la consulta ciudadana no sirvió de nada porque nadie actuó para revocar la concesión.
“No sirvió nada. Ahí estaba durmiendo el sueño de los justos, hasta que creamos esa comisión extraordinaria para, primero, llegar a entender y saber quién era el responsable de actuar, porque permanentemente se ‘echaron la bolita’ el estado, los municipios, el Congreso, para eso servía”, explicó.
Ante la inacción de otras autoridades, en 2023, el Congreso local decidió dejar sin validez la prórroga que en 2014 se autorizó a la concesión de Aguakan que vencía en 2023, por 30 años más, pero fue por esa decisión por la cual la empresa buscó un amparo.
Karina Tiquet, integrante de la Asamblea Social del Agua, explica que la empresa ha emprendido estrategias para dilatar más el juicio en su contra, como no asistir a las audiencias, por lo que considera que es necesaria la intervención del Máximo Tribunal del país.
“Lo que nosotros pediríamos como ciudadanos es que se atraiga esta necesidad, este requerimiento, de la ciudadanía desde la Suprema Corte de Justicia y se termine de una vez por todas con este daño y asalto y robo a la ciudadanía por parte de esta empresa”, opina.
Además, considera que los gobiernos municipales deberían tener un papel protagónico para ejercer la facultad constitucional que tienen de prestar ellos mismos el servicio de agua potable y no mediante una empresa privada.
“¿Por qué permitimos que una empresa mantenga esta concesión cuando perfectamente la podría administrar cualquiera de los municipios de la zona norte y generar infraestructura, si también son dudosas las inversiones que ha hecho Aguakan?”, reclama.
Ante el impasse que se encuentra el tema en tribunales, es Burton el que va más allá y afirma que debe usarse el antecedente de la clausura de la mina de Vulcan Materials Company, conocida como Calica, para resolver esto.
“Ahí hay un ejemplo de que si hay un verdadero involucramiento y decisión del gobierno federal, se va a poder avanzar”, opina.