Ante el aumento de los feminicidios en el país, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de México que presentan “graves deficiencias”, la organización Amnistía Internacional pidió al gobierno mexicano tomar medidas para defender los derechos humanos de las mujeres.
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A través de su informe “Juicio a la justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, Amnistía Internacional destacó que en la mayoría de las investigaciones, las personas servidoras públicas pierden evidencias relacionadas con los hechos, no investigan de forma suficiente, la perspectiva de género no se aplica correctamente, lo que perjudica a que los casos no puedan encontrar justicia.
La organización también detalla que para los familiares de las víctimas de feminicidio son revictimizadas a lo largo de todo el proceso porque la búsqueda de justicia requiere de tiempo, costos económicos, entre otros factores que pueden llegar a poner en riesgo a los familiares de las víctimas.
Motivo por el cual AI recomendó:
- Que las autoridades federales reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de estos delitos y transmitir un mensaje que indique claramente que estos delitos ya no se tolerarán ni quedarán impunes.
- A la secretaría de Gobernación que diseñe e implemente políticas públicas integrales de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
- Que la FGJEM garantice que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas. Recomienda incrementar el equipo de peritos y peritas, así como el de agentes del MP y policías de investigación, entre otros aspectos.
- Que el Congreso del Estado de México garantice que la fiscalía general de justicia del estado, cuente con los recursos humanos y financieros, así como la infraestructura necesaria para llevar a cabo su función de forma eficiente, solicitar la comparecencia del FGJEM ante la legislatura para exigir la rendición de cuentas
- A la CDH estatal que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones de violencia contra las mujeres
- Y a las autoridades a nivel nacional que garanticen que las personas operadoras de justicia, incluyendo las pertenecientes a las entidades federativas reciban salarios y condiciones de trabajo dignas, que tengan los recursos y materiales necesarios para llevar a cabo sus funciones de forma eficiente y con apego a la legalidad.
“El estado mexicano incumple así con su obligación de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar por que las autoridades y sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación y adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las mujeres de cualquier forma”, detalla el documento.
DA