El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villlalobos Adán, fue vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho, al termino de la segunda audiencia penal a la que fue citado junto con el subsecretario de Protección Civil municipal, Gonzalo Barquín Granados, ambos señalados por dos particulares de haber solicitado dinero para otorgar facilidades y permisos para el funcionamiento de un autocinema.
Luego de ocho horas de audiencia, el juez de la causa Isidoro Edi Sandoval Lomé consideró que había pruebas suficientes para enviar a proceso al edil, sin embargo, no pudo mantener el impedimento para que el servidor público regresara a su oficina a laborar, ni tampoco agregar otras medidas cautelares, como una eventual prisión preventiva o una separación del cargo, debido a que Villalobos se presentó con un amparo de la justicia federal.
Al final de la audiencia, el juez fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de las investigaciones, las cuales concluirán el próximo 1 de marzo de 2021, no obstante, mantuvo su determinación de dejar en prisión preventiva al subsecretario Barquín Granados como una manera de garantizar que la parte acusadora no enfrente riesgos, ya que el argumento para enviarlo al penal derivó de que las presuntas victimas aseguraron que el escolta del funcionario los amenazó de muerte.
Al respecto, el abogado del munícipe, Jesús Aguilar anunció que el alcalde de Cuernavaca buscará un nuevo amparo contra la medida de la vinculación a proceso, ya que a juicio de la defensa, ninguna de las pruebas presentadas por la parte acusadora tienen el peso suficiente para incriminar a su cliente, por lo que la medida del juez no está basada en elementos objetivos ni contundentes.
Durante la audiencia celebrada en la sala cuatro de la ciudad judicial de Atlacholoaya, la parte actora presentó sus pruebas, en tanto que el alcalde presentó como testigos de descargo al secretario del Ayuntamiento, Erick Santiago Romero; el consejero jurídicos del gobierno de Cuernavaca, Rogelio Maldonado así como la albacea de la sucesión testamentaria del terreno en donde pretenden instalar el autocinema.
Christian Contreras Luna y su hermano, son propietarios de una negociación en Cuernavaca que también funcionaría como autocinema, sin embargo, durante proceso de la búsqueda de la licencia formal, fueron asediados por miembros del ayuntamiento para que entregaran 200 mil pesos, como pago para otorgarles el permiso y todas las facilidades.
Inicialmente, los presuntos afectados lograron la detención de cuatro empleados del ayuntamiento, a quienes se les aseguró en flagrancia cuando acudieron a la negociación a clausurar si no se les entregaba el dinero.
En los testimonios presentados en las audiencias, la parte acusadora y la Fiscalía Anticorrupción entregaron al juez los testimonios de los indiciados donde aseguran que el alcalde y el subsecretario están detrás de la exigencia de pagos.