La empresa gasera Blue Propane presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, Baja California, y contra todos los integrantes del cabildo acusados del delito de invasión de atribuciones, pues la firma acusó que impidieron el establecimiento de estaciones de gas para la venta al público.
El miércoles pasado se inició la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002047/2020 en contra de los servidores públicos por aprobar un nuevo reglamento municipal con el que se buscaba evitar que la compañía dedicada a la venta de hidrocarburos pueda iniciar operaciones y deba solicitar nuevos permisos, a pesar de tener los otorgados por el gobierno federal para ese fin.
Allán Jaramillo, representante legal de Blue Propane, interpuso la querella, en la que expone que el pasado 28 de julio, en sesión de extraordinaria de cabildo, se aprobó un reglamento municipal que, señaló, prohíbe la libre competencia en la venta de gas doméstico.
Acusó que lo hicieron a pesar de que los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana establecen que los petrolíferos e hidrocarburos son materia exclusiva de la federación, ademas de que el artículo 73 establece que solo el Congreso de la Unión está facultado para legislar al respecto.
En la denuncia aparecen como presuntos responsables del ilícito el presidente municipal, Arturo González Cruz, la síndica procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, y los 14 regidores.
“Es la misma autoridad la que violenta el estado de derecho, atenta contra la certidumbre jurídica y actúa en contra de sus gobernados”, acusó Jaramillo.
El nuevo reglamento establece que el cabildo debe autorizar los permisos de uso de suelo para las estaciones en donde se expende gas.
Blue Propane construyó 10 gaseras desde hace más de dos años, pero el ayuntamiento no le permite operarlas bajo el argumento de que se requieren permisos expedidos por la Dirección de Administración Urbana.
“Lo que se está creando son disposiciones de carácter anticompetitivo que generan ventajas exclusivas a favor de los agentes ya establecidos y garantizan zonas de influencia en perjuicio de los consumidores, limitando sus alternativas de consumo, de ahí que la injerencia de las autoridades municipales sea constitutiva de un delito”, señaló el representante legal.
Recordó que en noviembre de 2016, cuando era alcalde Jorge Astiazarán Orcí, se prohibió de manera indefinida la expedición de dichas autorizaciones para la expedición y operatividad de estaciones de carburación de gas LP en Tijuana.
En su denuncia añadió que esos acuerdos se oponen a fomentar y vigilar un adecuado suministro de energéticos en el territorio nacional.
-“Continuaremos la lucha para ofrecer gas de calidad y a mejor precio, rompiendo así con el monopolio que Grupo Tomza, Zeta Gas, Baja Gas y Gas Silza, todas propiedad de la familia Zaragoza y que se han mantenido durante décadas, bajo la protección de las autoridades municipales y estatales que impiden la libre competencia”, afirmó Allan Jaramillo.
La denuncia incluye a los regidores Edelmira Chamery Méndez, Germán Gabriel Zambrano Salgado, Josué Octavio Gutiérrez Márquez, Luis Antonio Quezada, Claudia Casas Valdés, César Adrián González García, Mónica JVega Aguirre, Yolanda García Bañuelos, Diana Cecilia Rosa Velázquez, Miguel Martín Medrano Valero, Edna Mireya Pérez Corona, Armando Aragón Romero, Arnulfo Guerrero León, y José Refugio Cañada García.
RLO