El bloque integrado por nueve alcaldes de la Montaña Baja y región Centro dio a conocer su determinación de retirarse de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, pues sostienen que ya no cumple con las funciones para las que fue creada; también exigieron al Estado y la Federación “actuar con seriedad” y dar “resultados reales”.
El deslinde se genera en el contexto de la violencia desatada del 6 al 11 de abril en el corredor integrado por las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, donde se tiene un reporte de seis personas muertas y seis heridas, entre ellas dos bebés de 6 y un mes de nacidos, además de cientos de personas desplazadas, de las que muchas todavía no se animan a regresar a sus casas.
¿Quiénes fueron los alcaldes que se retiraron de la Mesa de Coordinación?
La tarde del sábado 23 de mayo, los jefes de cabildo de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez, quien llegó al cargo postulada por el PVEM; Khali Areli Ramos Decena, de Zitlala (PRD); Ángel Aguilar Romero, de Acatepec (PVEM); Alberto Michi Campos, de Tixtla (Morena); David Astudillo Morales, de Quechultenango (PRD); Pedro Reyes Ojeda, de Ahuocoutzingo (PRD); Gerardo Mosso López, de Mochitlán (PVEM); Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan (PRD) y Guillermo Matías Marrón, de Atlixtac (PVEM), le dieron su respaldo a su homóloga de Chilapa, la priísta Mercedes Carballo Chino, ante lo que consideraron como una grave crisis de seguridad que enfrenta dicho municipio, la cual sostienen “continúa agravándose ante la evidente falta de resultados concretos por parte de las autoridades competentes”.
En el documento, los alcaldes firmantes señalan que durante meses han acudido “con responsabilidad” a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que se desarrolla en Chilapa.
En dicha mesa, señalan que exponen “los diferentes hechos de violencia, amenazas, desplazamientos, ataques armados y problemáticas de inseguridad que afectan diariamente a nuestras poblaciones; sin embargo, lejos de encontrar soluciones reales, coordinación efectiva o estrategias contundentes, únicamente hemos sido testigos de simulaciones burocráticas, donde los reportes son simplemente turnados de una instancia a otra, sin acciones claras, sin resultados y sin responsables”.
Los nueve alcaldes firmantes aseguran que la realidad que enfrentan los pueblos no se resuelve con discursos ni con comunicados vacíos o con reuniones estériles, pues aseguran que la ciudadanía exige seguridad, justicia y gobernabilidad.
La decisión es política, afirman
Piden que haya en sus territorios una presencia real del Estado y “no actos de simulación institucional”.
Por esa razón, sostienen que “ante la omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces hemos tomado la decisión política e institucional de retirarnos, a partir de la fecha de la denominada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, al considerar que dicho mecanismo ha dejado de cumplir con el propósito para el que fue creado y hoy solamente representa un espacio donde se minimiza la gravedad de los hechos que padecen nuestros municipios”.
En el texto denuncian que a varios de los alcaldes y alcaldesas firmantes se les impidió el paso a la reunión realizada en las instalaciones de la Guardia Nacional (GN), donde se realizó la toma de protesta a los comisarios de varias comunidades que no habían cumplido con dicho acto protocolario.
“Resulta inadmisible y ofensivo que autoridades electas constitucionalmente, representantes legítimos del pueblo y responsables directos de la gobernabilidad de nuestros municipios, seamos tratados con desprecio, desconfianza y exclusión por instituciones que deberían privilegiar el diálogo, la coordinación y el respeto de órdenes de gobierno".
Indican que los municipios de la Montaña Baja y región Centro comparten vecindad y realidades iguales en materia de desarrollo y seguridad pública, por lo que advierten que no van a permitir “intentos de división, aislamiento o debilitamiento institucional entre quienes tenemos la responsabilidad de defender a nuestra gente”.
En consecuencia, aseguran que la gobernabilidad en la región no se puede comprender de manera fragmentada, “pues lo que ocurre en un municipio impacta directamente a los demás y por esa razón actuaremos con unidad, firmeza y coordinación para defender la gobernabilidad, la paz social y la dignidad de nuestras comunidades”.
Casi en el cierre del texto, exigen al gobierno de la República y de la entidad actuar con seriedad, responsabilidad y respeto institucional, pues aseguran que:
“Guerrero no necesita más instituciones ni decisiones unilaterales; necesita resultados reales, estrategias efectivas y autoridades que estén a la altura de la crisis que enfrentan nuestros municipios”.
Las últimas dos líneas están dedicadas a pedir que "cesen las prácticas de exclusión, desinformación y bloqueo político que únicamente profundizan la descomposición institucional y agravan el clima de tensión social que vive nuestro país”.
AH