El ex director de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Tlaxcala, José Jorge López Pérez, anunció que de no ser cumplida la recomendación 02/2018 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los ex policías acreditables que estuvieron bajo proceso iniciarán en días próximos una huelga de hambre.
Ello luego de acudir al Congreso del Estado para pedir la intervención de los diputados para exhortar al gobierno estatal cumpla a cabalidad la recomendación anteriormente citada, además de ser reinstalados en la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se les paguen los salarios caídos y sus nombres sean eliminados de la Plataforma México.
Acompañado también de sus ex compañeras Patricia Aguilar Hernández y Gema Clara Badillo Lara, explicó que a cinco meses de que el gobierno de Marco Mena aceptó la recomendación, a través de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuyos titulares hicieron una disculpa pública, no ha habido avances en el pago completo de gastos médicos ni los salarios de al menos un par de años en que estuvieron bajo proceso.
Sostuvo que los siete exagentes de seguridad estatal continúan sin poder ser contratados en alguna corporación pública o privada, toda vez que sus nombres continúan apareciendo como procesados en Plataforma México, además de que no han recibido pago alguno por los daños económicos y morales causados.
Es importante mencionar que el documento por el que piden la intervención de los congresistas, fue remitido a la Presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la 63 Legislatura, que preside Víctor Báez López, así como a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Bertha Mastranzo Corona, para que intervengan a la brevedad y no solo los apoyen en su situación desesperada, sino que hagan cumplir la Ley y se siente un precedente de cumplimiento cabal a una recomendación de la CEDH por parte del Ejecutivo del Estado.
Cabe recordar que en enero de 2015, siete exagentes acreditables fueron detenidos por la PGJE debido a que supuestamente cometieron secuestros en su modalidad de exprés. Luego de un proceso legal de dos años, derivado de varias pruebas se demostró que no fueron responsables y que la entonces Procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, incurrió en anomalías para mantener su dicho.
Después de que recuperaron su libertad, además de los arriba mencionados, Efrén Rodríguez, Abel Hernández, Juan Carlos Yáñez, Luis Héctor Grande, lograron que la CEDH emitiera una recomendación contra el Gobierno estatal.
AMV