El juez primero de Campeche concedió un amparo a los policías que protestan desde hace 19 días contra las autoridades estatales, incluida la gobernadora Layda Sansores, para evitar su detención, suspensión o cualquier forma de privación de libertad.
Simultáneamente, el juez solicitó informes y abrió un juicio en el que las autoridades deben comparecer y expresar su postura.
Durante una asamblea informativa en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, los diputados José Flores, de Morena, y Ricardo Medina, del PRI, anunciaron la suspensión provisional otorgada por el juez, que ordena cesar todo acto de hostigamiento, represión o intimidación contra los policías en protesta.
Medina explicó que el apego a la ley es clave para resolver el conflicto originado por un operativo fallido en el Cereso de San Francisco Kobén, que reveló irregularidades y malas condiciones laborales en la SPSC, lo que motivó la protesta exigiendo la destitución de la titular Marcela Muñoz y sus altos mandos.
Ante los señalamientos y amenazas, se buscó protección judicial a través de un juicio de amparo contra las autoridades estatales, iniciando por la Gobernadora, para garantizar la seguridad de los policías.
“La buena noticia es que ayer por la tarde en el expediente 425, el juzgado primero de Distrito Federal otorgó una primera resolución favorable a todos ustedes, el juez federal otorgó a través de esta resolución la suspensión de acto reclamado por parte de todas las autoridades, iniciando por parte de la gobernadora”.
La resolución del juez prohíbe a las autoridades realizar cualquier acción que prive de libertad a los policías en protesta desde el 15 de marzo, así como actos de intimidación o represión.
“Todos los elementos están contemplados de manera individual en esta resolución, aquí están los nombres de ustedes (…) Es una orden explícita que da el Juez Federal para que cese cualquier acto de intimidación, amenaza, hostigamiento, tortura, etcétera, por parte de las autoridades estales, esto evidentemente como un primer paso porque a la par de esto, el juez está pidiendo informes, está abriendo un juicio donde las autoridades tendrán que comparecer ante la autoridad judicial federal y fijar su postura”.
Los legisladores advirtieron que violar el amparo podría llevar a la destitución de las autoridades.
Destacaron que Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, debió ser suspendida desde el inicio de las investigaciones por el operativo fallido que puso en peligro la vida de los policías.
Además, se informó que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, Ligia Rodríguez, propuso reanudar las mesas de diálogo para resolver el conflicto.
El secretario de Gobierno, Armando Toledo, aceptó el exhorto y pidió a los policías responder en el mismo sentido.
Anoche, el director jurídico de la SPSC entregó avisos a los policías informando sobre la designación de la Academia de Policía como sede alterna, mientras se resuelve el conflicto, lo que generó descontento entre los policías.
El diputado Medina reiteró que seguirán el camino legal y criticó la falta de sensibilidad del gobierno del Estado, que ha complicado el conflicto.
MO