La defensa del dirigente del Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), Jesús Plácido Galindo, interpuso un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso, al asegurar que existen inconsistencias en la investigación, pruebas que favorecen al acusado y una actuación parcial del juez que conoció el caso.
En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que el recurso busca que un tribunal de segunda instancia revise todas las pruebas presentadas por la defensa y reivindique a Jesús Plácido Galindo como defensor comunitario.
Barrera también acusó al juez Emanuel Reyna Vélez, quien liberó la orden de aprehensión, de actuar "bajo consigna", al sostener que ha mantenido ese mismo criterio en otros asuntos relacionados con defensores comunitarios.
La esposa del activista, Áurea Oropesa, relató que el día de la detención ambos se encontraban realizando trabajo comunitario en Buenavista cuando Jesús Plácido recibió una llamada del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien, según dijo, lo citó de manera urgente para reunirse en Acapulco.
Narró que durante el trayecto, antes de llegar al retén de San Marcos, Jesús activó en repetidas ocasiones el botón de pánico con el que contaba como medida de protección federal, para que le realizaran monitoreo. Minutos después, aseguró, fueron interceptados por un fuerte operativo militar y de seguridad.
"Solo a nosotros nos detuvieron. Nos apuntaron con armas, revisaron completamente el vehículo y a Jesús lo sometieron a una inspección corporal", declaró.
Oropesa afirmó que permaneció durante horas sin conocer el paradero de su esposo y que fue hasta aproximadamente 30 horas después cuando recibió una llamada desde el penal, donde él le pidió contactar de inmediato a sus abogados.
Durante la conferencia también intervino la madre del dirigente, Enedina Galindo, quien hizo un llamado a las autoridades judiciales para ordenar su liberación.
"Mi hijo es inocente. Esto es político. No quiero dinero, solo quiero justicia y libertad para mi hijo", expresó, al tiempo que pidió a los jueces analizar objetivamente las pruebas y reconocer que su hijo contaba con medidas de protección por su labor como defensor de derechos humanos.
Por su parte, los abogados Aarón Díaz y Javier Rodríguez sostuvieron que la orden de aprehensión, librada el 11 de junio de 2026, se basa principalmente en declaraciones que consideran contradictorias y carentes de sustento.
Explicaron que, durante la audiencia de vinculación, acreditaron que Jesús Plácido formaba parte desde 2021 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de presentar un oficio emitido por la Fiscalía General del Estado en 2025 en el que, tras una búsqueda en sus bases de datos, únicamente se reportaban carpetas de investigación relacionadas con amenazas en su contra y no procesos penales por delitos como los que ahora se le imputan.
La defensa también cuestionó que la Fiscalía retomara una declaración rendida casi cinco años después de los hechos y omitiera diligencias que, a su juicio, habrían permitido esclarecer oportunamente el caso.
Los abogados confiaron en que, por las violaciones al debido proceso, la sala penal unitaria revoque la vinculación a proceso y dé la libertad a Jesús Plácido, al considerar que las pruebas presentadas evidencian irregularidades en la investigación y que no existen elementos suficientes para mantener privado de la libertad al dirigente comunitario.