Se aprobaron en comisión las iniciativas que crean la Ley de Agua del estado de Querétaro, a pesar de las protestas de ambientalistas, quienes incluso han llamado a protestas al exterior del Congreso local.
Las iniciativas fueron aprobadas con tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en la comisión parlamentaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
La iniciativa, a la que cambiaron el nombre por "Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro", permite concesiones, medición y cobranza de los servicios hasta por 40 años.
Especialistas, académicos y ambientalistas señalaron el servicio sería privatizado con la iniciativa, por ello, instaron a que Morena solicitara posponer la votación, pero ello no ocurrió.
La ley establece todos los elementos que necesarios en materia de infraestructura, especialmente aquellos que requieren los organismos operadores de agua, así como las que se necesitan a favor del Acueducto III, señalaron los diputados de la comisión parlamentaria.
Germaín Garfias Alcántara, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LX Legislatura, declaró que se estableció un apartado con acciones en favor del cuidado del agua, así como para ayudar al uso racional, adecuado y responsable del agua.
Además, se establecen medios conciliatorios bien definidos para resolver controversias entre usuarios y organismos operadores de agua. De igual manera, se incluyó que los macromedidores de los condominios ya no sean factor para realizar el cobro individual.
Armando Sinecio Leyva, coordinador del grupo parlamentario de Morena, sostuvo que se trata de una de las iniciativas más importantes de los últimos años y de ahí el interés de toda la ciudadanía.
“No se tomó en cuenta a las voces que reprueban que, con la ley, únicamente se busca regular e incrementar las concesiones, pero no busca normar temas torales, como son cuidado de agua o el derecho humano al acceso del agua. Es una ley que pretende hacer operativa la administración, es una privatización, estamos avisados".
Por lo pronto, ambientalistas y diversos colectivos realizarán una serie de protestas en contra de esta aprobación, con la intención de que la mayoría del Partido Acción Nacional (PAN) no la apruebe en pleno mañana, ya que la consideran privatizadora del servicio además de inconstitucional, porque la única instancia que puede otorgar concesiones es la federación.
La ambientalista Pamela Siurob señaló que, debido a que la entidad ha crecido de manera exponencial, los desarrolladores inmobiliarios han constituido 22 organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Opsa), una figura mediante la que comercializan el líquido propiedad de la nación, con o sin concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Les damos una carta abierta para que se siga desarrollando Querétaro sin tener factibilidad de agua. Para cambiar el uso de suelo te piden factibilidad de agua. Si un organismo privado tiene la facilidad de otorgar, según esta ley, entonces se van a abrir nuevos desarrollos sin contar realmente con el líquido necesario para sus habitantes”, indicó Siurob.
Añadió que es falso que haya agua potable porque apenas se construirá el Acueducto III, cuya agua se extraerá en parte del estado de Hidalgo, luego de que el acueducto II, que consideraba agua por 50 años, y construido hace 12, ya no tiene.
“Ya no tenemos agua, entonces ¿cuál es la factibilidad de agua que hay en Querétaro? Tenía para abastecer, con el incremento de la población, hasta 50 años y nos hemos adelantado”.
Enrique Uribarren, presidente del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ), solicitó al gobernador Mauricio Kuri que, en caso de que el pleno apruebe la ley, el mandatario la vete o, de lo contrario, se irán por el amparo.
“La ley debió considerar otros aspectos importantes, como la fábrica del agua, las cuencas hidrológicas y de preservar el agua. Eso no lo contempla la ley”.
Dijo que, por el contrario, “es una ley privatizadora, porque se trata de una obligación que recae en los municipios, o la Comisión Estatal de Aguas, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, y la están trasladando a los particulares"
Por ello, la población pasa de ciudadano a cliente, donde tiene una relación contractual y carece de los derechos. Ello, dijo, es una omisión grave que cometerían los diputados.
ROA